Cuatro casos específicos y cinco cuerpos legales mostraron los periodistas y gremios en Washington para explicar las restricciones a la libertad de expresión en Ecuador. Todo esto en los días previos a la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, han sido demandados por el presidente Rafael Correa, por $ 10 millones; Wilson Cabrera denunció la arbitraria pérdida de la concesión de radio La Voz de la Esmeralda Canela, en la Amazonía; José Acacho, vicepresidente de la Conaie, fue acusado y detenido por incitar a la violencia a través de radio Arutam; y el caso de El UNIVERSO en el que sus tres principales directivos y el exeditor de Opinión Emilio Palacio fueron sentenciados a tres años de prisión y, junto con la compañía, a pagarle a Correa una indemnización de $ 40 millones.
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Cabrera y Acacho fueron impedidos de salir del país para la audiencia ante la CIDH.
César Ricaurte, director de Fundamedios, explicó que además de estos casos, existen cuerpos legales que impiden el trabajo de los periodistas. Y citó a las leyes de Participación y a la de Regulación de Mercado, así como a los proyectos de Código Penal, de Telecomunicaciones y de Comunicación, como los principales elementos del marco legal para impedir la tarea de los reporteros y los medios de comunicación.