Carlos Lauría: «No es lo mismo la reputación de un ciudadano y la del presidente»

Señala que Rafael Correa, como funcionario público, está sujeto a un mayor escrutinio y que, si el presidente siente dañada su honra, debe acudir a tribunales civiles, no penales, como señala la legislación internacional.

Carlos Lauría fue quien, en la Universidad de Columbia, sacó a Rafael Correa de su libreto. “Usted está mintiendo. Usted es un mentiroso”, le increpó el presidente de Ecuador al coordinador sénior para las Américas del Comité de Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York.

Pero Lauría dice que ya no le sorprenden las reacciones del mandatario, “en absoluto”. Lo que sí le llamó la atención, y “poderosamente”, es que utilizara –durante su ponencia titulada ‘Sociedades vulnerables: medios y democracia en América Latina’, el viernes– un espacio académico como este para plantear argumentaciones “débiles”. “Son cosas que se pueden destruir con argumentos fácticos. Por ejemplo, justifica las demandas contra periodistas con artículos de la Convención Americana”, dice, vía telefónica, desde EE.UU.

¿Se esperaba esa reacción de Rafael Correa ante la pregunta que le planteó en Columbia?
El presidente reaccionó como reacciona en Ecuador cuando recibe una crítica, cuando alguien expone un punto de vista que va en contra de la política de su administración: con la descalificación, con el agravio. Pero creo que la audiencia de Columbia merecía que el presidente, en lugar de agraviar y descalificar, lo que deja en evidencia su irascibilidad y su falta de tolerancia, respondiera la pregunta, relacionada a las declaraciones que él había formulado esa misma tarde...

Usted refutó la afirmación que él hizo minutos antes en el auditorio: que en Ecuador existe “absoluta libertad de expresión” y tolerancia. ¿Qué lo lleva a creer que esto no es así?
Yo estaba tratando de contraponer las acciones que se están registrando en Ecuador: que el presidente ha instado a la justicia a que encarcele a periodistas y les imponga multas multimillonarias. Me llamó poderosamente la atención que diga eso en la misma semana en que un tribunal de apelaciones ratifica una sentencia que ha sido considerada como una aberración jurídica por juristas de prestigio internacional, organizaciones intergubernamentales y de derechos humanos. La sentencia contra EL UNIVERSO contradice los estándares internacionales y viola la ley internacional.

Rafael Correa dijo en Columbia que hay que diferenciar entre opinión y afirmación y, para él, en el caso de EL UNIVERSO, con el artículo de Emilio Palacio, se trataba de una afirmación.
Pero es una columna de opinión. Sale en la página de opinión. Y si el presidente sintió dañada su honra, el consenso a nivel regional es que los tribunales civiles son suficientes.

Un estudiante de Columbia le dijo al presidente que a veces es difícil diferenciar entre opinión e información. En Ecuador, este debate ha pasado, incluso, por el ámbito lingüístico.
Yo creo que una columna que aparece firmada por un articulista, que tiene foto y que dice “opinión” es opinión, ¿no? Así se hagan afirmaciones, porque está en un espacio destinado a la opinión. No está en una página de información. No es una noticia. Eso es diferente. Pero digamos que esto hubiera ocurrido en una página de información, el presidente debe acudir a los tribunales civiles.

Correa dice que usa la legislación, pero él ha promovido la redacción y aprobación no solo de una nueva Constitución, sino de un sinnúmero de leyes. Sin embargo, no se despenalizan los llamados delitos de opinión.
Evidentemente existe un problema en la legislación ecuatoriana. El presidente dijo en Columbia: “Son las leyes de Ecuador”. ¡Sí, sin duda, pero son leyes arcaicas, casi medievales, obsoletas, que en otros países se están eliminando! No es que, como marcó el presidente, se usan en la mayoría de países. Se lo han marcado, con muchísima claridad, las organizaciones internacionales de libertad de prensa, de derechos humanos, organizaciones locales, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)...

Justamente la CIDH estableció hace más de una década que el uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión. En ese contexto, ¿qué validez o legitimidad tiene una sentencia de este tipo?
Es una aberración jurídica y esto ha sido descrito así por abogados de la talla de Pedro Nikken (presidente de la Comisión Internacional de Juristas) y otros juristas internacionales de mucho prestigio. Pero lo que más llama la atención, poderosamente, de la presentación del presidente en Columbia, es que él utiliza la misma Convención Americana para justificar que él tiene derecho a accionar de esta manera. Es una lógica más que irracional. Es un disparate que el presidente de un país admita que tiene derecho a demandar a periodistas y enviarlos a la cárcel justificándose en una ley que está violando. Utiliza artículos que justamente esta sentencia contra EL UNIVERSO está violando.

Pero el presidente también apela a su derecho a la honra y a su libertad de expresión...
Está claro que tiene esos derechos y tiene derecho a expresar lo que no le gusta. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión, en este caso, es que el presidente, para castigar expresiones que no le gustan, utiliza leyes obsoletas y arcaicas que, según el consenso regional, no deberían ser utilizadas y que, según los estándares interamericanos, violan normas y tratados que han sido ratificados por Ecuador.

Correa habla de su honra. Sin embargo, el numeral 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio y el numeral 10 establece que la protección a la reputación de esos funcionarios debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles.
Cuando un presidente asume su mandato sabe que estará sometido a un mayor escrutinio. No es lo mismo la reputación de un ciudadano y la del presidente. Se trata de figuras públicas que manejan los fondos de todos y uno de los roles de la prensa es la fiscalización.

La Corte también habla, en el ámbito civil, de indemnizaciones proporcionadas para no causar efectos inhibitorios...
Y ahí marcamos los casos de (Juan Carlos) Calderón y (Cristian) Zurita. El caso de EL UNIVERSO también. ¡El presidente había pedido $ 80 millones! Está clarísimo que la desproporción puede causar un efecto más intimidatorio que una amenaza de cárcel.

¿Pero hay límites? ¿Hay antecedentes de cifras similares?
Es difícil determinar parámetros, pero estos son montos absolutamente desproporcionados. No recuerdo montos tan altos. Es un mensaje evidentemente intimidante.

El Gobierno dice, por un lado, que el periodismo debe ser independiente. Pero, por otro, al también demandar a los dueños de EL UNIVERSO por un artículo que fue firmado por Emilio Palacio, ¿podría generar que los propietarios de medios, no solo editores, revisen ahora notas?
Es una señal que se envía desde el poder hacia los dueños de los medios y periodistas: “Cuidado, puede haber consecuencias penales y civiles”. El efecto se debe estar sintiendo ahora y será más profundo si la sentencia es ratificada.

En la Universidad Correa cuestionó también la propiedad privada de los medios y habló sobre lo que él llama “democratización” de la propiedad para, según él, tener mejor información. ¿Comparte ese criterio?
No hay nada de malo en que existan medios públicos, pero el presidente ha erigido un conglomerado de más de quince medios. En Columbia dijo otra cosa que no es cierta: que los medios públicos, mal llamados públicos, en Ecuador sirven a los intereses de todos los ecuatorianos. Eso no es cierto. Deberían servir, pero los medios oficiales, administrados por el Estado en Ecuador, son utilizados en general como un megáfono del Gobierno.

Para Correa es contradictorio que una empresa con fines de lucro maneje la información, un bien que considera público.
No termino de comprender la lógica del presidente en ese sentido. Sé que va dirigido a afirmar que los medios son un poder no elegido, pero es una incomprensión sobre cómo funcionan los medios en el mundo. La base de legitimidad de los medios son los lectores o la audiencia. No es una base electoral. Tal vez Correa no termina de interpretar esa legitimidad. Alguien compra un diario por determinadas afinidades, costumbres o algo.

Pero Correa rechaza que, detrás, exista un fin de lucro...
La solvencia económica de un medio privado le permite mantener independencia frente al poder. Eso es fundamental. ¿Qué pasaría en Ecuador si los medios solo dependieran de la pauta oficial? Mejor no imaginar.

Perfil: Carlos Lauría
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
Buenos Aires (Argentina), 15 de agosto de 1965.

CARGO
Coordinador sénior del Programa de las Américas del Comité de Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York (Estados Unidos).

EXPERIENCIA
Tiene más de veinte años de experiencia como periodista. Fue corresponsal jefe en Nueva York de Perfil, la principal editora de revistas de Argentina (1994-2002). En el 2002 ingresó al CPJ, primero como coordinador y luego como coordinador sénior. Se encarga de documentar los abusos contra la libertad de expresión en el continente.