QUITO
.- El debate de la resolución de los hechos del 30 de septiembre del 2010 (30-S) alteró la agenda legislativa y congestionó el tratamiento de las leyes para la próxima semana.
Pese a que la intención de Alianza PAIS (AP) fue que el anterior martes se vote por ese documento, que ratifica que el 30-S fue un golpe de Estado, la estrategia de la oposición de dejar sin quórum las sesión y posteriormente no entrar al pleno, el pasado jueves, genera dudas sobre cómo se evacuarán los proyectos pendientes.
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En la lista están la Ley Antimonopolio y el segundo debate de la Ley de Desarrollo Fronterizo y de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, para regular el pago de pensiones alimenticias.
Además, no se avanzaron las conversaciones para consensuar entre las bancadas los cambios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
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Según la planificación inicial del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el jueves 29 de septiembre se podría retomar el segundo debate de este proyecto, pero ahora esa fecha está en duda.
Cordero, que está en Azerbaiyán en representación del Parlatino, señaló que posiblemente el martes se trate la Ley Antimonopolio y que como faltan pocas intervenciones en la discusión del 30-S se buscaría un espacio.
Aseguró que el proceso de cambios en el texto de una resolución es conocido. Este es conversar con la legisladora María Augusta Calle (AP), quien presentó la moción, para solicitarle cambios, caso contrario presentar un texto alternativo.
Puntualizó que no comparte la estrategia de la oposición de no dar quórum porque existen hechos y muchas evidencias que develan que no solo se trató de una protesta por una ley.
"Se dice que quien nada debe nada teme. Ese debe ser el papel de los medios, de los asambleístas, que nada tienen que ocultar. Pero la gente que tuvo algún grado de participación y no quiere contarlo, seguramente está nerviosa o contagia a otras personas o empieza a agrandar los temas", dijo.
Pedro de la Cruz (AP) responsabilizó a la oposición por no querer debatir la resolución.
Justificó el debate del 30-S por ser un día en que estuvo en riesgo la democracia y del cual no existen responsables de la conspiración.
El asambleísta Fernando Bustamante (AP) señaló que no se pueden ignorar los hechos del 30-S y aunque resulte conflictivo es necesario discutirlos para llegar a una clarificación.
"Fue una sesión que se dedicó a ese tema, otra que no llegó a instalarse, pero tomando en conjunto de todas las sesiones de una legislatura esto no es sino un pequeño detalle", dijo.
A juicio de Francisco Ulloa (MPD), la insistencia del oficialismo para tratar el 30-S rompió la perspectiva de las verdaderas prioridades de la Asamblea.
Citó, por ejemplo, el caso de la Ley de Desarrollo Fronterizo que es reclamada por la población de la frontera y la inacción del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en definir la agenda legislativa.
Sobre su responsabilidad al dejar sin quórum en dos sesiones, Ulloa aseguró la ausencia es una manera de expresar la postura de rechazar "el circo" que organiza AP para celebrar el 30-S.
El legislador Fausto Cobo (SP) señaló que la Asamblea solo responde a la obsesión que tiene el Gobierno de presentar al 30-S como un intento de golpe de Estado.
Aseguró que existen temas más importantes como las reformas a la LOFL para, entre otras cosas, abrir espacio a la fiscalización.
Precisó que el debate debe concentrarse en la causa de las muertes, en los reportes militares que reconocen que se trató de una crisis por protestas de policías y militares porque no se explicó bien la Ley de Servicio Público y no en afirmar que existió intentos de desestabilización.
"Nosotros no vamos legitimar esta resolución", sentenció.
Interpelación a Jalkh
El asambleísta Marco Murillo (Alianza Libertad) anunció el inicio de un juicio político contra el exministro del Interior, Gustavo Jalkh, por ser el principal responsable de los hechos del 30-S.
Judicatura a la Asamblea
La Comisión de Fiscalización avocará conocimiento el lunes del pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Paulo Rodríguez, auspiciado por el legislador César Rodríguez.