La Superintendencia de Compañías realiza un proceso de reliquidación en 52 empresas propietarias de salas de juegos, las cuales son consideradas ilegales por el Gobierno, porque funcionan por amparos judiciales y no bajo la Ley de Turismo como los casinos de los hoteles de lujo.
La superintendenta de Compañías, Suad Manssur, indicó ayer que liquidadores de la entidad trabajan en las empresas ilegales para garantizar las respectivas indemnizaciones del personal.
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Aunque aclaró que el organismo supervisará los procesos de liquidación y verificará si las empresas están en capacidad de hacerlo.
“En el caso de que alguna compañía no tenga el capital para indemnizar a su personal se buscarán los mecanismos o los plazos para hacerlo”, indicó Manssur.
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Sin embargo, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, aseguró que de acuerdo con investigaciones realizadas antes del inicio de las clausuras, se conoció que todas estas compañías están en capacidad de liquidar a su personal y por ello se trabajará en inspecciones para que se realice el pago inmediato a los empleados que desde ayer ya no trabajan en las salas de juegos.
Agregó que una vez publicado en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo 873, que viabiliza el cierre de los juegos de azar, practicado en casinos y salas de juegos en el país, las intendencias de Policía intensificaron ayer los operativos de cierre de los juegos de azar como lo determinó la pregunta 7 de la consulta popular del pasado 7 de mayo.
Según el ministro Espinosa, hasta el momento se han cerrado 94 locales y se han incautado 2.000 máquinas, las cuales son llevadas como garantía para que los patronos cancelen las respectivas indemnizaciones.
Además aseguró que la figura bajo la cual serán liquidados los empleados de las salas de juegos y casinos (que tendrán un plazo de seis meses para cerrar, según en decreto ejecutivo) será la de despido intempestivo y deberá cancelarse de acuerdo con la ley
Hasta el cierre de esta edición no se realizaron nuevos operativos y varias salas de juegos continuaban funcionado normalmente, como la ubicada en Chimborazo y Vélez, que forma parte de la empresa Profeseries (antes Invermun), donde su administrador esperaba que llegara la Intendencia.
Un trabajador de la sala, quien prefirió no dar su nombre, indicó que esperan que sus liquidaciones sean canceladas de forma inmediata para poder aplicar a uno de los planes de reinserción laboral que oferta el Gobierno.
En tanto, los propietarios y expersonal de las salas de juegos que ya fueron cerradas insistieron ayer en ser incluidos en el plazo de hasta seis meses dado por el Ejecutivo para terminar sus actividades y así poder liquidar a su personal, tal como se lo dio a aquellos ubicados en los hoteles.
Salas de juegos
En el país existen 121 salas de juegos, consideradas ilegales por funcionar con amparos judiciales. Según datos del Ministerio de Relaciones Laborares, en esos establecimientos trabajan 3.378 personas, sin embargo, la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juegos registra un total de 6.000 empleados directos.
Casinos
Registrados en la Ley de Turismos se encuentran 32 casinos que funcionan en los hoteles. En este grupo laboran 2.190 personas, las cuales se quedarán sin empleo en seis meses. Ellos también podrán acceder a los programas de reinserción laboral que realiza el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad y Relaciones Laborales.