Un país poco amigable para empresas medianas y pequeñas

Ecuador bajó del puesto 127 al 130 entre el 2009 y el 2010 en el ranking mundial que evalúa las regulaciones y la protección de los derechos de propiedad que favorecen la actividad empresarial y aquellas que la constriñen, según el informe Doing Business 2011, del Banco Mundial, que analiza el comportamiento de 183 países.

Las economías se clasifican en base a nueve áreas de regulación: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y cierre de una empresa. Además, se presentan datos referentes a las regulaciones sobre el empleo de trabajadores, así como un grupo de indicadores piloto sobre obtención de electricidad.

Para Eduardo Cadena, director del Centro de Estudios y Análisis de la Cámara de Comercio de Quito, este resultado revela que existe un pésimo ambiente para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, considera que no se está haciendo lo que se debe para promover su actividad. Y que la nueva Ley de Regulación y Control de Poder de Mercado tampoco ayuda a mejorar la situación.

Es que la tramitología, patentes municipales, permisos del Izquieta Pérez, condiciones laborales e impuestos que son manejables para las empresas grandes que tienen recursos, resultan muy difíciles de cumplir para las pequeñas. Este sería el punto clave para que exista concentración de la economía en pocas empresas. Con la Ley de Control de Mercado se garantiza que las más grandes no se desarrollen, pero no se ayuda a las pequeñas: “El ámbito de esa ley no llega a producir el efecto deseado, deben haber las condiciones para que los negocios progresen”, dice.

Cadena aclara que no se opone a una verdadera Ley Antimonopolio que se preocupe del bienestar del consumidor y de generar un mejor ambiente en el mercado laboral. Explica que en toda economía hay empresas líderes, pero que el país debería dar las facilidades a todos por igual y garantizar que tengan buenas prácticas.