QUITO
.- Con un foro en el que intervinieron empresarios, funcionarios públicos y analistas económicos se inició una semana clave para la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, conocida también como Ley Antimonopolios.

El evento, convocado por la Comisión de lo Económico de la Asamblea, se realizó en el Salón del antes Senado.

De acuerdo con Silvia Kohn, asambleísta de Sociedad Patriótica y miembro de dicha Comisión, durante toda la semana se realizarán procesos de socialización para el domingo proceder con la votación del primer informe.

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El proyecto normativo fue enviado por el presidente Rafael Correa con carácter de económico urgente.

Entre los temas tratados ayer en el foro estuvieron la existencia o no del abuso de poder de mercado y las sanciones para dichas prácticas.

Entre los participantes estuvieron Roberto Aspiazu, representante del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Vicente Albornoz, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes); Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha; Marcelo Bodero, asesor legal de la Cámara de Industrias de Guayaquil; Juan Francisco Pozo, subdirector del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. También los invitados Rodrigo Aucay, de la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador.

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El viernes pasado, la Comisión, presidida por Francisco Velasco (AP), recibió a los representantes de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y del Ministerio de Industrias.

Sobre el tema, la cartera de Industrias explica que la Ley no sanciona a aquellas empresas que pueden tener posición de dominio o un control importante de mercado. Lo que sanciona es "el abuso de poder de mercado" que está claramente establecido en el artículo 8 del proyecto que textualmente dice: "Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, o por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar colectivo o individual".

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También definió las conductas que constituyen abuso de poder: acciones u omisiones de uno o varios operadores económicos que les permitan afectar, efectiva o potencialmente, la participación de otros competidores; fijación de precios predatorios; alteración a los niveles de producción; discriminación injustificada de precios, etcétera.