Demandas, despidos y cargos cambian prácticas sindicales

Reclamaban porque no reciben atención en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el tiempo que están sin trabajar, pese a que les descuentan por adelantado sus aportaciones.Pero esta marcha del 29 de junio pasado, que se hizo en las inmediaciones del edificio administrativo del IESS de Guayaquil, terminó con el encarcelamiento de dos dirigentes sindicales y de tres zafreros (cortadores de caña) que laboran en el ingenio San Carlos situado en el cantón Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas.Bolívar Merchán y Jaime del Valle junto con los tres zafreros afrontan desde entonces un juicio acusados de “terrorismo y sabotaje”, uno de los delitos contra la seguridad del Estado tipificado en el capítulo 4 del título II del Código Penal, causa que se sustenta por los daños en una de las puertas de vidrio de las oficinas del IESS tras un enfrentamiento con los guardias.Los cinco estuvieron 16 días encarcelados y ahora deben presentarse cada lunes en el despacho del Juzgado Duodécimo de Garantías Penales del Guayas, por una medida cautelar que les impuso la jueza Guadalupe Manrique.Merchán, presidente de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, asegura que en vez de dar soluciones a los planteamientos de sus representados, las autoridades del IESS respondieron con un proceso que se circunscribe, según dice, dentro de la “política de criminalización de la protesta social que implementa el actual Gobierno para frenar marchas y mantener a los sindicatos alineados a sus posturas”.“El IESS no atiende a los zafreros de enero a junio, cuando no laboran en espera de la cosecha, pese a que aportan doble de julio a diciembre, cuando trabajan para recibir atención todo el año”, menciona Merchán.Este dirigente sindical que labora en el hospital neumológico Alfredo Valenzuela, de Guayaquil, es una de las 291 personas que afrontan procesos penales o fueron enjuiciadas tras participar en manifestaciones contra las políticas del actual régimen, según representantes de distintos sindicatos.La cifra incluye a indígenas, dirigentes universitarios, profesores de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y representantes de los trabajadores.A estos juicios que se sustentan en normas de un Código Penal que ya estaba vigente cuando el presidente de la República, Rafael Correa, asumió el poder en enero del 2007, se suman normativas que aplica el actual régimen, según coinciden sindicalistas entrevistados por este Diario, con el fin de mantener sometidas a una serie de organizaciones sindicales que han ejercido presión en anteriores gobiernos.“Con la política laboral de Correa se busca frenar la organización laboral en el sector público y así evadir sus mecanismos de presión, como huelgas y paralizaciones, todo con el afán de acallar las críticas; hay miedo y nos sentimos traicionados por la llamada revolución ciudadana”, dice Nelson Erazo, dirigente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), una de las organizaciones sindicales que apoyaron al presidente actual para que llegue al poder.Pero a decir de Erazo, este apoyo cambió. Tres miembros de la UGTE afrontan procesos penales en su contra. Entre ellos está Kléber Alvarado, quien fue despedido de la Empresa Eléctrica de Guayaquil con otros 18 trabajadores, tras protagonizar una protesta el 18 de noviembre del 2009, justo cuando el presidente Correa visitaba las instalaciones de esta empresa.Las autoridades de la Eléctrica denunciaron el caso ante la Inspectoría de Trabajo del Guayas. En la querella pidieron la separación de estos 19 servidores públicos que participaron en dicha protesta, alegando falta de probidad y conducta inmoral, lo que fue aceptado.“El mensaje que nos dan con estas acciones es que está prohibido manifestarse, pese a que el artículo 98 de la Constitución establece el derecho a la resistencia”, dice Erazo.Otto Ramos Campig, secretario del Comité de la Empresa Eléctrica de Los Ríos (Emelríos), también enfrenta un juicio por terrorismo, al igual que Lenin Sánchez, uno de los cinco sindicalistas despedidos de Emelríos.Este Diario solicitó desde el 15 de agosto pasado una entrevista con el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, sin que hasta el momento los encargados de la Dirección de Comunicación de esa cartera estatal den una respuesta.Mediante correos electrónicos se solicitaron también estadísticas sobre el número total de servidores públicos contratados durante este Gobierno y la cantidad de trabajadores que están en sus puestos con nombramiento, pero tampoco hubo respuesta a la solicitud hasta el viernes pasado.Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), refiere que otra de las maniobras para mantener alineados al régimen o neutralizar a ciertos sindicatos ha sido otorgar cargos públicos y diplomáticos a dirigentes sindicales.Édgar Ponce y Fausto Dután entran en este grupo. Ambos fueron dirigentes de organizaciones como el FUT.Ponce fue designado en febrero del 2010 como nuevo embajador en Cuba, mientras que Dután ocupa el cargo de director del Seguro Social Campesino desde el 2007. Miguel Calahorrano, un exdirigente de los trabajadores eléctricos, ocupó en cambio el cargo de ministro de Electricidad entre diciembre del 2009 y febrero pasado, para luego convertirse en embajador en los Países Bajos, en Europa.Una de las últimas medidas que generaron marchas de protesta es el contenido del Decreto Ejecutivo Nº 813 que está vigente desde julio pasado. Sindicalistas concuerdan en que con esta norma se legaliza el despido intempestivo, al establecer la compra obligatoria de renuncias en el sector público.Mediante este marco legal se reforma el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que en su artículo 47, literal k indica que habrá compra de renuncias con indemnización, pero no se establece que esa dimisión sea obligatoria.El presidente de la Federación Provincial de Servidores Públicos de Pichincha, Miguel García, planteó el 5 de agosto pasado ante la Corte Constitucional una demanda por “inconstitucionalidad” de este decreto, ya que, según dice, un reglamento no puede contradecir lo que establece una Ley.Pero el ministro Espinosa aseguró en una entrevista con Ecuavisa, realizada el 4 de agosto pasado, que el objetivo de esta norma es desvincular “a esos servidores (...) que obstaculizan los trabajos”.García le refuta que en la Losep ya se establecen mecanismos para retirar a los malos funcionarios.

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