AP
SANTIAGO.- El gobierno analiza la posibilidad de aplicar una severa ley de seguridad del estado contra los que alteren el orden durante un paro nacional convocado para el miércoles y jueves.
El vocero oficial, Andrés Chadwick, dijo, en relación al uso de esa normativa de excepción, que "nunca se descarta la aplicación de ninguna ley, lo que pasa es que las leyes no se anuncian cuando se van a aplicar".
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El senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, uno de los partidos de la coalición de centroizquierda, criticó la posibilidad de que el gobierno aplique la ley de seguridad interior del estado a los convocantes al paro. "Este gobierno identifica al movimiento social como un problema de orden público", dijo Walker.
El mandatario, en tanto, fustigó a los convocantes del paro por 48 horas y dijo que "causa dolor como presidente ver que hay algunos que en estos mismos instantes están trabajando con mucho esfuerzo y dedicación para que nuestro país se paralice".
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La ley establece sanciones más duras para quienes son acusados de infringirla cuando "inciten o induzcan a la subversión del orden público".
El mandatario derechista, a través de su ministro de Educación, Felipe Bulnes, rechazó también una carta de 12 puntos que la mañana del martes dejaron en la sede de gobierno dirigentes estudiantiles en la que lo instaban a participar directamente en la solución del prolongado conflicto educacional.
Bulnes reiteró la posición del gobierno de discutir los cambios a través del análisis en el Congreso de los proyectos de ley que enviará con las reformas que está dispuesto a impulsar.
Según el gobierno no hay razones para un paro como el convocado para miércoles y jueves en momentos en que el país está creciendo y el desempleo disminuyendo.
El paro fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la principal organización gremial del país, para demandar reformas al sistema laboral, en la educación y también cambios políticos. Recoge así los anhelos planteados no sólo por los estudiantes y maestros, sino también de otros sectores.
Unas 80 organizaciones sociales y gremiales han adherido al paro de dos días, entre ellas las del transporte público privado de Santiago. También los partidos políticos de la coalición opositora de centroizquierdista adhirieron a la convocatoria.
El estudiantado universitario y secundario mantiene desde hace casi tres meses un conflicto en demanda de profundos cambios en la educación del país, terminar de una vez con el lucro de algunas instituciones que reciben aportes estatales y un mayor apoyo y recursos para la educación pública.
El gobierno ha ofrecido una serie de mejoras, entre ellas mayores recursos, más becas y menor interés en los créditos con aval del estado para financiar los estudios, pero que no satisfacen a los estudiantes. Además se niega a eliminar el lucro.