En su bosque nativo, los indígenas secoyas de la comunidad San Pablo, en el cantón Shushufindi, veían cómo sus vecinos colonos mestizos y una empresa palmicultora borraban la selva y sembraban grandes extensiones de palma africana. Sucedió durante varios años y los sembríos se extendían por casi quince mil hectáreas.

Veían que esas plantaciones producían y dejaban réditos. Y los secoyas no resistieron. Talaron parte del bosque nativo en su territorio ancestral y también sembraron 173 hectáreas de aquel cultivo. Pero a ellos les cayó la ley. El Ministerio de Ambiente les impuso una multa de $ 375 mil por haber talado bosque nativo. Ahora, las 20 familias involucradas no saben cómo pagar la multa ni el crédito que hicieron para sembrar.

La sanción se dio luego de un proceso de investigación. El Ministerio de Ambiente llegó a la conclusión de que los secoyas de San Pablo violaron el artículo 78 de la Ley Forestal y demás leyes conexas, que regulan los procedimientos legales que deben seguir cuando se quiere talar el bosque para el respectivo aprovechamiento. Las familias indígenas talaron por su cuenta, sin permisos.

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“Se cometió una infracción forestal, cosa que no han logrado desvirtuar los acusados, pese a que les hemos dado todas las garantías para la defensa”, señaló el director provincial de Ambiente de Sucumbíos, Francisco Cruz.

San Pablo está cercada por palmicultoras. La empresa Palmeras del Ecuador tiene alrededor de diez mil hectáreas del cultivo, mientras los colonos de los recintos San Roque, Nueva Vida, 18 de Noviembre, Providencia y otros, también han optado por este tipo de sembrío.

Mientras unos campesinos cultivan la palma en sus fincas, otros vendieron sus tierras a Palmeras del Ecuador, que cada vez expande su presencia en la zona de Shushufindi.

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Una indígena, que sembró palma en su territorio, sostuvo que la producción será comprada por esa empresa. Con ese acuerdo se pusieron a sembrar el producto, aseguró.

Ella, las otras 19 familias cultivadoras y los dirigentes cofanes, se resisten a pagar la multa. Afirmaron que no tienen de dónde sacar el dinero. Xavier Piaguaje, presidente de la Organización Indígena de la Nacionalidad Secoya del Ecuador, señaló que la asamblea general de la organización autorizó a los socios sembrar hasta 15 hectáreas de palma cada uno. Por eso consideró que las 20 familias se acogieron a los reglamentos y procedimientos internos de la organización indígena.

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Para cultivar, las 20 familias sacaron un crédito de la Corporación Financiera Nacional, que en un primer desembolso entregó $ 12.000 a cada comunero. El segundo desembolso fue suspendido por el problema jurídico que se presentó.

Ahora, a más de pagar el crédito, deben asumir la multa impuesta. “Proponemos al Gobierno que archive el juicio; nosotros no tenemos cómo pagar. Si quieren llevarnos presos, que nos lleven a todos los 453 secoyas que somos”, dijo Piaguaje.

Inclusive el dirigente argumentó que los secoyas son los principales aliados del Gobierno y se encuentran molestos por la multa. “El presidente Rafael Correa le dispuso a la ministra (de Ambiente) Marcela Aguiñaga que arregle el problema con los secoyas, al tiempo que le habría preguntado a qué otros sectores, que también han violentado las leyes ambientales, los ha multado”, indicó.

Los comuneros aseguraron que sembraron por necesidad, que no tienen de qué sobrevivir, pues la caza y la pesca es escasa por la colonización y la explotación petrolera. Isolina Siquiva, secoya de San Pablo, tiene 5 hijos, el último de 18 años. Con él sembró 26 ha de palma. “Los colonos, toditos siembran y por qué a nosotros no nos dejan, no hemos sembrado cultivos prohibidos; necesitamos para comer”, señaló Siquiva.

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La plantación de los secoyas está en pleno desarrollo, dentro de uno y dos años vendrán las primeras cosechas. La nacionalidad trazó un mapa donde 18 mil hectáreas del territorio fueron declaradas intocables. En esa área no se talará, pero en el resto decidieron hacerlo por subsistencia, dijeron.

El proceso legal iniciado contra los comuneros en Sucumbíos ahora pasó al Ministerio de Ambiente, en Quito.

Más datos: El Marco Legal
Artículo 78
Quien pode, tale, destruya, altere, transforme, adquiera, transporte, comercialice o utilice los bosques de mangle, productos forestales o de vida silvestre de bosques privados o del estado sin el correspondiente contrato, licencia o autorización (...) será multado con el equivalente al valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales.

Tala
Si la tala, quema o acción destructiva se efectuare en lugar de vegetación escasa o de ecosistemas altamente lesionables (...) se sancionará con una multa equivalente al ciento por ciento del valor de la restauración del área talada o destruida, según el art. 78.