QUITO
.- La tarde del miércoles pasado al menos 150 funcionarios del Banco Central fueron reunidos en el auditorio de la institución para escuchar a la directora de Recursos Humanos, Gabriela García, quien trataba de convencerlos de los beneficios de la compra obligatoria de renuncias, puesta en vigencia con el Decreto Ejecutivo 813, publicado el día anterior.

La renuncia obligatoria es parte de un nutrido menú del Gobierno para "optimizar" el tamaño del Estado y se podrá aplicar a todas las funciones del Estado, a la Justicia Indígena, organismo de control, la Corte Constitucional.

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Es que en la Ley de Servicio Público (Losep), aprobada en octubre del 2010, se abre un abanico de opciones para retirar al menos a 10 mil burócratas, como lo había comentado el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, el año anterior. En los artículos 47, 48 y 81 de la ley, por ejemplo, se contempla desde la renuncia voluntaria hasta las causales para supresión de partidas y la salida de personas de la tercera edad.

El martes pasado, a este menú se sumó la renuncia obligatoria: las instituciones del Estado podrán establecer planes de compra de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del art. 47 de la Losep con el fin de reestructurar, optimizar o racionalizar dichas instituciones.

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El día de la reunión del BCE, García les explicó que el plan era lograr la salida del banco de al menos 130 personas, y que la decisión de las autoridades era discrecional. Aunque la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, dijo dos días después que la compra de renuncia obligatoria se dará solo en casos especiales, como por ejemplo, de corrupción.

Del auditorio por lo menos salieron tres cuestionamientos a la propuesta: que el decreto era inconstitucional, no puede estar por sobre la ley que garantiza la estabilidad laboral y que no contempla la obligatoriedad de la renuncia.

Para el presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, el Gobierno busca abrir espacio para colocar a gente afín a su ideología.

Argumenta que ya hay una norma para la destitución en casos de corrupción y no se los indemniza: "¿Por qué premiar a un corrupto con un monto mayor de indemnización?". Y si la renuncia es obligada constituye un despido y la indemnización debe ser mayor.

El dirigente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Finanzas, Milton Coronel, cree que la compra de renuncia obligatoria genera inestabilidad para todos los servidores. Recuerda que en ese Ministerio se sometieron recientemente a pruebas de conocimiento muy severas, y a pesar de que muchos las pasaron, ahora podrían verse obligados a renunciar.

Para él los despidos podrían generar impactos sociales, como el desempleo.

Sin embargo, el secretario de Planificación, René Ramírez, no ve riesgo de ese efecto, pues considera que hay una recuperación económica que está generando empleo suficiente y que las medidas no serán masivas. Y explica que mediante estudios de distritalización se ha comprobado que existe mucha concentración y mala distribución de los recursos humanos del sector público.

Lo que dice la ley

Destitución
El artículo 48 de la Ley de Servicio Público dispone la destitución de los servidores por incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previo a una evaluación; abandono injustificado del trabajo por tres días, por haber recibido sentencia condenatoria, por delito como cohecho o peculado.

También se aplicará a aquellos que obtengan una calificación de insuficiente en el proceso de evaluación de desempeño por segunda vez consecutiva.

Salida por edad
En artículo 81 dispone que quienes hayan cumplido 65 años, llegaron al tope máximo de su carrera, sin que puedan ascender, pueden acogerse a la renuncia voluntaria. Quienes tengan 70 años de edad, tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto.

Reducción

Agricultura
El secretario de Planificación, René Ramírez, considera que ese Ministerio debería tener personal más técnico.

Área social
La ministra Jeannette Sánchez explicó que los ministerios de este sector son los más abultados.

Finanzas
El 27 de julio las autoridades deben dar su veredicto sobre el proceso de impugnación de las últimas desvinculaciones.