La destitución de Benjamín Cevallos de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) no es definitiva. Ayer, quien lo sacó, el juez 21º de Garantías Penales, Santiago Coba, dijo que su restitución dependerá de que la mayoría de la Judicatura “enmiende su error” y restituya en el cargo al juez 22º de Garantías Penales de Flagrancia, Juan Pablo Hernández.
Este juez fue suspendido por 90 días por Cevallos por ordenar la destrucción de la maquinaria de los mineros de Esmeraldas que se cumplió el 21 de mayo pasado.
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El juez Coba le exigió a Cevallos hace dos semanas que cumpla con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Judicial, y regrese al cargo a Hernández, ya que la sanción impuesta violó el debido proceso cuando se le negó el derecho a la defensa.
Pero Cevallos dijo que este juez fue sancionado por cometer “semejante acto de terrorismo legal al haber destruido los tractores que había en Esmeraldas... Me corto la mano pero yo jamás lo restituiré”.
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Y pese a que está fuera del puesto y sin escolta policial, Benjamín Cevallos mantuvo ayer una reunión con la mayoría de miembros de la Judicatura, y permaneció en la que antes era su oficina, de cuyo espacio había retirado con anticipación, todas sus pertenencias.
Según Cevallos, Coba actuó sin competencia cuando lo destituyó por un supuesto incumplimiento de funciones. Ello, tomando en cuenta que el único organismo que puede adoptar una resolución de esa magnitud es la Corte Constitucional (CC), luego de seguir el debido proceso y otorgarle su derecho a la legítima defensa.
Por tanto, Coba, según Cevallos, debía enviar el expediente a la CC pidiendo que aplique las sanciones que crea pertinentes por el incumplimiento de una resolución en particular.
El presidente Rafael Correa también se mostró extrañado de que un juez menor pueda destituir al presidente de la Judicatura. “Yo no conozco, no soy experto en derecho, pero en principio me parece raro que un juez pueda destituir al presidente del Consejo de la Judicatura. Pero esa es otra muestra del caos que se vive en el sector de la justicia, así que por favor la partidocracia que ya deje de tratar de impedir la voluntad popular al retrasar los resultados de la consulta para tener el nuevo CJ y organizar todo ese sistema judicial que es un verdadero caos”.
Cevallos anunció que regresará al cargo para seguir en la etapa de transición del Consejo, hasta ser legalmente reemplazado por la comisión tripartita que se instalará como resultado del triunfo del Sí en la consulta popular del 7 de mayo pasado; Por ello, dijo, seguirá despachando los casos que quedaron pendientes en su oficina.
Pero anunció recursos para dejar sin efecto su destitución: la reconsideración, apelación y un recurso extraordinario ante la Corte Constitucional. Paralelamente, planteará dos juicios penales contra Coba, el primero por prevaricato y el otro por daño moral, así como un sumario administrativo en el CJ.
Según el ex delegado distrital del CJ en Pichincha, José Alomía, Cevallos cayó en su propia ley al nombrar jueces y funcionarios a dedo y permitir la influencia política en el Consejo, que ahora está siendo utilizado para cumplir venganzas.
Apuntes: Juez polémico
Experiencia de juez
Con una experiencia de un poco menos de dos años, al juez 21º de Garantías Penales de Flagrancia, Santiago Coba, de 36 años, le ha tocado intervenir en polémicos procesos, que de una u otra forma dejó en evidencia su relación con el Gobierno.
Designación
Aunque el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) destituido, Benjamín Cevallos, lo acusa de ser un juez nombrado por el Gobierno, Coba dice haber sido designado por el CJ en noviembre del 2009, ocho años después de graduarse como doctor en Jurisprudencia (2001), cuyo título lo obtuvo en la Universidad Central del Ecuador. En sus primeros años de carrera se desempeñó como abogado en libre ejercicio.