Prohibido olvidar.

Pedro X.Valverde Rivera
Este último suceso ocurrido en Guayaquil, en el que una víctima de la delincuencia, al parecer, tomó justicia por mano propia contra los victimarios de su familia, pone en evidencia el estado alarmante de la delincuencia en el Ecuador.

En cumplimiento de aquella máxima “…Prohibido olvidar’…” que nuestro presidente repite todos los sábados, procedo a recordar cómo estábamos en el 2006 en materia de seguridad ciudadana en Guayaquil y cómo estamos ahora:

Luego de varios años de trabajo coordinado entre Policía, Municipio, CTG (q.e.p.d), Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y otras instituciones de la ciudad, los índices delincuenciales comenzaron a descender lentamente, sobre todo en los delitos más preocupantes para la sociedad.

Sin embargo, con ese afán de controlarlo todo y de querer llevarse los méritos para conquistar al electorado de esta ciudad, siempre esquivo gracias a Dios, los verdes rompieron el equipo, lo desarticularon; gastaron fortunas en equipos, como si esto fuera solo de gastar y gastar, sin cerebro de por medio.

Luego, ante el repunte de los índices delincuenciales, la solución de siempre: estado de emergencia, militarización de las calles; receta que funciona unos días; una especie de vacación obligada del hampa… hasta que pasa el shock inicial y todos vuelven a delinquir, como siempre.

En su barrio, en su ciudad, ¿cuántas veces se han militarizado las calles en estos cuatro años?

El trabajo contra la delincuencia común debe ser un esquema planificado, coordinado, suma de acciones, con seguimiento y control; y día tras día para que funcione. Lo otro es un susto, un efecto momentáneo, que se diluye al poco tiempo.

Luego llegó Montecristi, con sus reformas en cuanto a la prisión preventiva y se eliminó el pasado judicial como requisito para nuestros vecinos del norte, y se liberaron los requisitos para los extranjeros y se prohibió el uso de armas a los ciudadanos comunes; Incluso se llegó al absurdo de prohibir portar armas a los guardias de seguridad privados.

Después de todo este descalabro y ante la presión del alcalde Nebot, los revolucionarios de AP decidieron dejar de echarle la culpa a tirios y troyanos y asumieron la responsabilidad absoluta de la seguridad ciudadana, al pedir mediante consulta popular el poder para nombrar a los jueces y con ello, según lo promocionaron en campaña, resolver el problema de la inseguridad.

Pues bien, ¿y ahora qué? Nombrarán jueces, controlan la Policía, el Ejército, prohibieron a los ciudadanos comunes portar armas, controlan la Fiscalía también… ¿y por qué no baja entonces la inseguridad?

Ah, me dirán que la Consulta aún no se oficializa, que todavía faltan las leyes, que hay que darles tiempo… ¿Más tiempo? Si vamos a cumplir cinco años de este desastre al que nos ha llevado el discurso irresponsable y la confrontación como única forma de comunicación.

¿Se trata de tiempo?

Pues bueno, esperemos hasta diciembre. En esta misma columna les aseguro que comentaremos cómo los niveles de inseguridad ciudadana habrán aumentado y la promesa de un Ecuador de paz, como muchas de las promesas de la revolución, será un mal recuerdo de engaño y demagogia barata.

Esta factura es la del estribo, y la más costosa para el capital político del Supremo: la vida de los miles de ecuatorianos que mueren a manos de la delincuencia, mientras este se ha pasado cantando, gritando, peleando, insultando, destruyendo y dividiendo.

El 2013 está a la vuelta de la esquina. Recuerde, amigo lector, prohibido olvidar.