Según la pregunta número 10 formulada en la consulta popular del 7 de mayo pasado, ahora se considera delito la no afiliación de un empleado al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), esto ha traído como consecuencia muchísimo desempleo en el área agrícola, en el pequeño artesano, en restaurantes y en diversos negocios que no pueden cumplir con las exigencias del Código de Trabajo.

Las leyes no son justas ni equitativas, estas mismas se las aplica a megaempresas que generan ventas y utilidades por miles de millones de dólares cada año. Pero el mismo Estado no cumple sus propias leyes y nos pone cargas que ni este las cumple; señalo como ejemplos los programas que mantiene el Gobierno a través del INFA, el CNH, Creciendo con Nuestros Hijos, donde las personas que trabajan no son aseguradas, tienen contrato por un año, tampoco tienen afiliación, las madres comunitarias que trabajan en los CCD o Centro de Cuidado Diario, y son miles de personas contratadas por el Estado que no gozan de los beneficios del Seguro Social. ¿Por qué no se difunden estos modelos de contratos? Todo este asunto se torna gravísimo para las instituciones que servimos sin fines de lucro, como somos las Juntas de Agua Potable (JAP), que dentro de muy poco tiempo van a desaparecer porque ya están las denuncias y las presiones por parte de personas que nos colaboran con un sueldo acorde con nuestros ingresos.

En nuestra Junta de Agua Potable (JAP) en la provincia de Los Ríos, en el recinto Los Ángeles, kilómetro 48 de la vía Quevedo-Santo Domingo, durante este año hemos tenido un déficit de más de $ 984 porque instalamos motores y bombas nuevas para la dotación del agua a los recintos aledaños, y ni el Miduvi (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), ni el CPR nunca nos ayudan para hacer un mantenimiento de los pozos profundos, peor para la reposición de los equipos de bombeo. Dirigentes campesinos hemos realizado el trabajo que le compete al Estado ecuatoriano por más de doce años, sin percibir a cambio ninguna remuneración económica, ya que el Gobierno resulta ineficiente en ciertas áreas urbanomarginales para cumplir los servicios básicos elementales para el desarrollo de nuestras comunidades. ¿Qué nos depara el futuro a las JAP si no podemos cumplir con el Código de Trabajo?, sería un fracaso para nuestra institución si aseguramos a dos empleados si no contamos con los recursos económicos; tendremos que buscar en las leyes algún amparo constitucional.

Jorge Washington Allo,
parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fe, Los Ríos