QUITO
.- Un año después de que concluyera el programa de Registro Ampliado, mediante el cual Ecuador otorgó cerca de 28 mil visas de refugio a ciudadanos colombianos, el Gobierno considera la necesidad de revisarlo por motivos de seguridad.

La Cancillería no especifica cuándo arrancará la depuración del plan, pero confirma que la decisión está tomada y que uno de los cambios que adoptará será analizar de forma 'meticulosa' cada una de las solicitudes de visa de refugiado.

El proyecto se inició en marzo del 2009 y concluyó en abril del 2010. Lo implementó el régimen de Rafael Correa para regularizar a miles de colombianos con necesidad de protección internacional y que llegaron huyendo del conflicto armado en el vecino país.

El programa se ejecutó en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, fronterizas con Colombia, y tuvo el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que calificó a la iniciativa como "la mayor operación en América Latina" sobre asilo y refugio.

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El entonces canciller Fander Falconí destacó que era un "plan insignia" y uno de los "más ambiciosos" de la revolución ciudadana, por el cual Ecuador debía ser reconocido mundialmente.

Según la Subsecretaría de Asuntos Migratorios de la Cancillería, hasta el momento el país ha concedido refugio a 54.000 personas, de las cuales el 98% es de Colombia.

Su titular, Leonardo Carrión, admite que parte de la decisión de revisar el Registro Ampliado es porque hubo colombianos que pidieron el asilo e incurrieron en actividades delictivas. Y aunque remarca que el índice delincuencial de colombianos en el país es bajo, la infiltración de antisociales gracias a este programa es evidente.

El año pasado se descubrió en Quito una red de usura que operaba con un capital de $ 1,5 millones y prestaba dinero al 20% de interés.

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Según el agente fiscal Javier Bósquez, en declaraciones a diario El Comercio, de 39 colombianos detenidos, 20 tenían documentos de refugiados.

El 15 de noviembre del 2010, cuando el Ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC a 700 metros de la frontera, cerca de la población La Fama, en Sucumbíos, el menor colombiano que murió, Jimmy López, era refugiado.

Según información de Inteligencia militar y policial, en las localidades fronterizas Santa Rosa, Barranca Bermeja, Puerto Nuevo y La Bonita, las FARC habían extendido una red de reclutamiento de menores liderada por el miliciano Freddy Castillo, favorecido con el asilo.

En abril pasado, una solicitud de refugio presentada por el colombiano Danilo Nieves Maza, quien cumplió en el país una condena por narcotráfico y era requerido por la justicia de Estados Unidos, obstaculizó su deportación.

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Aun así el subsecretario de Asuntos Migratorios, Leonardo Carrión, aseguró que el porcentaje delincuencial de colombianos en el país es menor a lo que publica la prensa. Precisó que el pedido de Nieves fue negado.

Para el exministro de Gobierno Gustavo Larrea, es momento de realizar una "corrección inmediata" a la política migratoria del Gobierno, que consagró en la Constitución de Montecristi el derecho a la libre movilidad humana y el concepto de ciudadanía universal.

Larrea, quien aclaró que no tuvo ninguna participación cuando él estuvo en el régimen, responsabilizó a la Cancillería de todo. "Ecuador tiene que tener una política migratoria abierta, pero no ingenua".

Pero el canciller Ricardo Patiño expresó que el Gobierno actuó de buena fe. "En algunos casos evitamos conceder las autorizaciones y tenemos que hacer investigaciones para evitar el abuso de personas que no están por refugio, sino por otras cosas no convenientes".

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Fuentes anónimas del Ministerio de Relaciones Exteriores admitieron que el Registro Ampliado fue un "proceso caótico" realizado sin rigurosidad.

El anuncio de la depuración de las visas inquietó a María Ochoa (nombre protegido), quien vive en Ecuador desde el 2009 con estatus de refugiada.

Mientras el pasado viernes realizaba un trámite para un familiar en la Cancillería, expresó su preocupación porque su expediente sea revisado y eventualmente suspendido por la nueva decisión del Gobierno. "Creen que solamente estamos robando y no es así. Ojalá no sea para devolvernos a Colombia".

El Gobierno, como parte de las negociaciones para el restablecimiento definitivo de las relaciones diplomáticas, solicitó a Colombia la corresponsabilidad económica para emprender proyectos de desarrollo en la frontera común y atender las demandas de los desplazados.

Bogotá se comprometió a analizar la exigencia, pero aún no existe una respuesta. En enero pasado, la canciller María Ángela Holguín anunció un programa de retorno voluntario para sus compatriotas que tampoco se ha concretado.

Complicidad

El presidente Correa dijo en su último enlace sabatino que había que estudiar la labor de ciertas ONG, pues serían, según él, cómplices de los grupos irregulares que operan en la frontera norte.

Inversión

El jefe de Estado dio cifras sobre la cooperación ejecutada en la frontera con Colombia. Dijo que está en alrededor de $ 143 millones y que el 49% de esa ayuda, que asciende a $ 70 millones, lo ejecutan 70 ONG extranjeras.