Dos demandas indígenas en contra del Estado están por definirse

En la Corte Constitucional (CC) de Ecuador y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, están por definirse dos reclamos de sectores indígenas del país, cuyos resultados sentarían precedentes jurídicos y exigirían al Estado el pago de indemnizaciones. El primer caso se relaciona con la justicia indígena aplicada por comuneros en la localidad La Cocha, de Cotopaxi; el otro es el reclamo de la comunidad Sarayaku (Pastaza) por los daños presumiblemente causados por una empresa petrolera.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) espera que mañana la CC trate el caso La Cocha y emita un dictamen en el que se reconocería la aplicación de la justicia indígena en el país. Dirigentes de esta agrupación así como de la Ecuarunari y la Conaie, organizan la salida desde hoy de delegaciones de diversas provincias, quienes se concentrarán afuera de la CC.

Ellos quieren presionar a que se dé un dictamen que respete el juzgamiento indígena que se dio en la comunidad La Cocha, argumentando el artículo 171 de la Constitución, en el caso de los cinco presuntos responsables del asesinato de Marco Antonio Olivo, ocurrido el 9 de mayo del 2010, en Zumbahua.

Diocelinda Iza, presidenta del MICC, señaló que en un diálogo con dirigentes de las organizaciones nacionales acordaron efectuar la concentración. Por más de un año, el MICC ha pedido que la CC se pronuncie sobre el tema de justicia indígena. Se busca que los juicios penales derivados del caso La Cocha queden insubsistentes. La Corte deberá determinar si el castigo aplicado a los presuntos asesinos de Marco Olivo fue legal. Si la respuesta es positiva, los jóvenes, liberados hace dos semanas, casi al año de haber estado presos, quedarían exentos de las medidas cautelares.

Raúl Ilaquiche, abogado del MICC, indicó que la Corte basará su dictamen en cuatro informes que reposan en esa institución y que, asegura, contienen la información necesaria para que el fallo sea a favor de los indígenas. El dictamen viabilizaría una posible demanda internacional contra el Estado, por parte de los inculpados.

Caso Sarayaku
La CIDH citó a audiencia, en San José de Costa Rica, los días 6 y 7 de julio, para definir sobre el reclamo de la comunidad kichwa de Sarayaku por los supuestos hechos violentos contra los indígenas que se oponían al ingreso de la petrolera argentina Compañía General Combustibles (CGC), de diciembre del 2002 a enero del 2003.

Sarayaku intenta que la CIDH declare la responsabilidad del Estado de Ecuador por los acontecimientos ocurridos y los derechos supuestamente violados en el ingreso de CGC. La demanda va a tratar como uno de los puntos sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado para ingresar a territorio Sarayaku o de otros pueblos.

También incluirá sobre el derecho a la vida, educación, salud e integridad. Se pedirá, dicen los dirigentes de la comunidad, medidas de reparación y no repetición, como garantía de que el Estado no cometa los mismos actos. Uno de los pedidos es que se declare el territorio como Selva Viviente o Kawsak Sacha, libre de petróleo, como una categoría de conservación propuesta desde los indígenas.

Detalles: Hechos que motivaron las demandas
La Cocha
Orlando Quishpe y otros cuatro supuestos cómplices del asesinato de Marco Olivo, recibieron latigazos, baños de agua fría y otros escarmientos en la comuna La Cocha, el 23 de mayo del 2010. Estos fueron apresados una semana después y permanecieron en una cárcel de Quito hasta hace dos semanas. El movimiento indígena reclama en la CC el derecho a juzgar bajo sus costumbres.

Sarayaku
En el 2002, el Estado autorizó el ingreso de la Compañía General de Combustibles a territorio ancestral de la comunidad Sarayaku, para hacer exploración petrolera. La comunidad defendió su territorio y hubo enfrentamientos con el Ejército, hasta que logró la salida de la empresa y obtuvo medidas cautelares de la CIDH. Ahora pide que el Estado la indemnice.