Al sur de la provincia del Azuay, a una hora de Cuenca, está el Valle de Yunguilla, donde se asientan varias comunidades que se abastecen con dificultad del agua que nace en las montañas que lo rodean.
Lo árido de la zona contrasta con un gran parque privado que tiene una laguna artificial para practicar deportes acuáticos. Su dueño es el empresario cuencano Jorge Eljuri Antón, con quien se ha empezado a marcar un distanciamiento del Gobierno con uno de los grupos económicos más grande del país (el segundo en el 2008).
Publicidad
El centro de diversión está al pie de la única vía pavimentada del valle (por la que se va a Machala), construida por el régimen de Rafael Correa.
Un hombre de avanzada edad bajaba el miércoles pasado por un camino polvoriento hasta esa vía principal. Venía de Mapacachi, un caserío en lo alto de una montaña, en busca de agua para su sembrío de col.
Publicidad
Allí, como en otras comunidades, el agua para riego y abrevadero de animales dejó de llegar desde el pasado 27 de abril por las tuberías instaladas por Eljuri, porque la red de distribución apareció rota en varios tramos.
Un día antes, la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) notificó a Eljuri la decisión de cancelar una concesión que el desaparecido Consejo Nacional de Recursos Hídricos le dio en el 2002, con el argumento de que le dio mal uso.
Juan Gabriel Jiménez, asesor jurídico de Senagua, afirma que el empresario la solicitó con fines de riego y uso doméstico, pero con el paso del tiempo construyó “un parque acuático y en los dos últimos años comercializó el líquido a los moradores de Santa Isabel”.
Autoridades parroquiales dicen que “incluso puso medidores para cobrar el agua”. Ellos piden la reserva, pues temen represalias.
La tubería dañada, que está en propiedad privada, se aprecia desde el puente sobre el río Rircay, donde está la toma de agua y además marca el inicio de la comunidad de Lentag, donde el problema es similar.
Dos vecinos comparten el costo del flete de una camioneta para llevar agua desde Girón, a 20 minutos de allí, para regar sus parcelas de fréjoles.
“Pagamos hasta $ 10 entre los dos para subir cinco tachos cada uno; hay camionetas que no quieren subir porque el camino es difícil, hay pendientes muy peligrosas”, cuenta uno de ellos, que dice tener facturas del agua que “Eljuri manda a cobrar”. Asegura que no las muestra por temor.
Su vecino se queja de que el parque, kilómetros abajo, parece “un oasis en medio del desierto”, mientras otros pasan necesidades por la escasez de agua, que se siente más en esta época del año. “De mayo a noviembre aquí no llueve, por eso necesitamos urgente el agua de riego”. Tampoco se identifica.
En la cooperativa agrícola Lentag, “200 familias están afectadas por falta de agua”, dice su representante legal, Martha Cuesta. El alcalde de Santa Isabel, Rodrigo Quezada, y Senagua estiman que son 600 familias las afectadas por el daño en la red de abastecimiento.
Pasando el puente del río, subiendo por un camino estrecho de tierra, se llega a Trozana, donde cultivos como los de Luis Cordero (74 años) ya empezaron a secarse. Él tiene en dos hectáreas hierba para sus conejos y la yuca que sembró hace dos meses y que no sabe si se perderá. Su poca movilidad en las piernas –su bastón y el carné del Consejo Nacional de Discapacidades la certifican– y la falta de dinero le impide salir a buscar el agua.
Tendrá que esperar el mes y medio que Senagua estima le tomará restablecer la red de abastecimiento, mientras que los enfrentamientos de Jorge Eljuri y el Gobierno se disputan incluso en el sistema judicial.
El pasado 16 de mayo fue denunciado ante la Fiscalía por el ministro Richard Espinoza de la agresión de sus guardaespaldas a dos inspectores de trabajo que visitaron sus empresas. Ese mismo día hubo un incidente similar con dos funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) que pretendían determinar si su pago por impuesto a la herencia era correcto.
La relación era otra con esa familia. En septiembre del 2010, Juan Eljuri fue parte de la misión comercial que acompañó al presidente Rafael Correa a Corea del Sur y logró un acuerdo con Hyundai para ensamblar camiones en Manta, en Manabí (el convenio se concretó seis meses después). Se prevé invertir $ 38 millones y crear 1.200 plazas de trabajo.
Al mes siguiente (octubre del 2010), el Grupo Eljuri tuvo que deshacerse de las acciones que tenía en Telerama, cumpliendo el mandato constitucional de la separación de la banca y medios (este tiene Banco del Austro).
Entonces, el expresidente de la Constituyente, Alberto Acosta, señaló que ese grupo y otros banqueros habían presionado a la Junta Bancaria para que disponga que la venta sea obligatoria para quienes tenían desde el 25% de acciones, como así sucedió, aunque tras la amenaza de la Asamblea de enjuiciar políticamente a la Junta, ese organismo derogó esa resolución.
Postura: Autoridad penal
Rodrigo Quezada
Alcalde de Santa Isabel
“No nos dan toda la concesión que tenía Eljuri... El Gobierno usará el agua como botín político para promover a sus candidatos en las próximas elecciones”.