Unos $ 75 mil en multas tuvo que cancelar diario El Telégrafo por retrasos en los pagos a la empresa alemana Koening & Bauer AG (KBA), proveedora de su nueva rotativa.
El costo de la maquinaria fue de $ 6’408.830, que debía ser cancelado en cuatro partes: 30% a los 15 días de la firma del contrato; 30% a los 75 días del recibo del primer pago; 35% a los 150 días del primer desembolso; y, por último, 5% al momento en que la rotativa pudiese imprimir productos con calidad vendible.
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Según la Contraloría, el primer desembolso de $ 1’922.649 se realizó con 19 días de atraso; el segundo, también por $ 1’922.649, se hizo en dos partes, con un retraso de 113 días; el tercero, por $ 2’243.090,50, 79 días después de la fecha prevista.
Al cierre de la investigación de la Contraloría, el 30 de enero del 2010, todavía no se efectuaba el último pago. La rotativa empezó a funcionar en toda su capacidad en abril pasado.
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Por dichos atrasos, la rotativa llegó al puerto de Guayaquil el 12 de enero del 2010, cinco meses más tarde de lo previsto.
Adicionalmente, El Telégrafo pagó otros $ 25 mil a la KBA para mantener embodegada la maquinaria, ya que al momento de la entrega aún no estaban listas las instalaciones de la planta que la albergaría, dice el informe del organismo del control.
En sus oficios de descargo, el exgerente de la empresa, Álex Camacho, responsabilizó al Ministerio de Finanzas por las sanciones del proveedor.
El primer retraso, explica en el oficio, se debió a las demoras en la entrega de recursos por parte del Ministerio que, además, no apoyó las gestiones de la empresa para obtener el crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN).
Los recursos salieron del Presupuesto General del Estado.
En el segundo, en cambio, el pago –que superaba los $ 2 millones– debía realizarse a través de cartas de crédito bancarias, pero el gerente general de El Telégrafo estaba prohibido, por disposición estatutaria, a suscribir contratos superiores a $ 500 mil. Para hacerlo, debía contar con la autorización de la junta de accionistas.
El exfuncionario dice que la ministra de Finanzas de ese entonces, María Elsa Viteri, dilató la autorización al no atender sus convocatorias a reuniones de los accionistas. “El cargo de los costos financieros por parte de la KBA por $ 75 mil (...) se ha producido, principalmente, por la actuación negligente del Ministerio de Finanzas, accionista principal del diario, y presidente de la AGD y la CFN, instituciones que coadyuvaron a las demoras en el financiamiento y de la infraestructura del proyecto”, relató Camacho.
El Ministerio de Finanzas, como principal accionista y fuente de aportes de aumento de capital, no entregó esos fondos y tampoco aprobó el manejo del presupuesto del Diario.
Quien lo hacía era el secretario de la Administración (Vinicio Alvarado), en su calidad de coordinador designado de la Presidencia. Según la auditoría, (Alvarado) aprobó cada presupuesto anual del diario durante los ejercicios del 2007 y 2008, “siendo el funcionario gubernamental que apoyaba nuestra gestión ante el Ministerio de Finanzas”.
En tres años, El Telégrafo perdió unos $ 13 millones, cifra similar al presupuesto del 2011 entregado al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).
El Gobierno compró una rotativa, equipos y adecuó las instalaciones para la planta con $ 17 millones. $ 3 millones menos de lo que el Servicio de Rentas Internas espera recaudar (en el primer año) con la recarga de impuestos a la circulación vehicular, bebidas alcohólicas y cigarrillos, propuesta en una Ley.