Los resultados de la pregunta 9 de la consulta popular que propuso la creación de un Consejo Regulador que norme la difusión de contenidos que tengan mensajes de violencia, explícitamente sexual o discriminatoria, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior, no subsanaron las diferencias entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea.

Pese a que el presidente Rafael Correa antes del plebiscito señaló que el objetivo de esta pregunta era desbloquear el tratamiento de esta norma en la Asamblea, la conformación de este Consejo vuelve a ser el punto de discordia.

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Ayer, asambleístas de oposición, entre ellos, Paco Moncayo (Alianza Libertad), César Montúfar (CN), Fausto Cobo (PSP) y Jimmy Pinoargote (Municipalista), presentaron un nuevo proyecto de ley, que a su juicio, es el articulado del acuerdo ético-político suscrito en diciembre del 2009.

En el documento se ratificó la posición de que el Consejo de Comunicación no esté integrado por ningún representante del Ejecutivo.

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La conformación de este organismo sería por personas elegidas mediante colegios electorales y en un proceso organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE); de los catedráticos de las facultades de comunicación; universidades públicas; estudiantes de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

La otra opción es que este proceso lo lleve adelante el Consejo de Participación Ciudadana y que exista un representante de las nacionalidades indígenas.

Entre las atribuciones del organismo no consta la posibilidad de cerrar medios, pero sí una multa a los medios privados, públicos y comunitarios que incumplan con el derecho a la réplica, entre otras cosas.

Cobo dijo que este documento recoge los puntos del acuerdo legislativo, entre ellos, la creación de un Consejo de Regulación, sin la presencia del Gobierno, ni poderes fácticos.

Montúfar añadió que a más de ese punto están los controles a la propaganda del régimen y de los gobiernos seccionales, el incentivo a la creación de medios comunitarios. “Planteamos reanudar el debate con base en propuestas, que sigan a los convenios internacionales, la Constitución y el acuerdo ético-político”, dijo.

Sin embargo, desde el oficialismo se insiste en que el Ejecutivo sí debe tener un representante en el Consejo.

El vicepresidente de la Asamblea, Rolando Panchana (AP), aseguró que no hay necesidad de presentar un nuevo proyecto, si ya está listo el informe del segundo debate, en el que ya consta un Consejo con atribuciones de regulación y no de control. E insistió en que debe estar un representante del Ejecutivo en este Consejo y que el pronunciamiento del pueblo en esta pregunta va en esa línea.

“Si estamos hablando de regular medios, que utilizan el espectro radioeléctrico, que es un recurso del Estado, solo el Ejecutivo, por Constitución, tiene la rectoría de ese recurso. Eso es indiscutible”, dijo.

Panchana indicó que lo único que le corresponde a la Asamblea es incluir los temas de la consulta en este proyecto.

El presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino, dijo que esta propuesta sí puede ser un insumo para el segundo debate.

Subrayó que el Ejecutivo al no tener mayoría en el Consejo de Regulación (solo tiene dos de los siete integrantes) no incumple el acuerdo legislativo y que eso se debería mantener. No descartó un acercamiento con sectores de oposición.