El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, responsabiliza al Gobierno de la demora en la reestructuración de la Función Judicial.
Han pasado dos años y medio desde que entró en vigencia la Constitución. ¿Por qué el país cuenta todavía con una Judicatura transitoria?
Nosotros no tenemos la culpa. El Consejo de Participación Ciudadana debía realizar el concurso. Si hemos durado más allá de lo que establece la Constitución (180 días) no es nuestra responsabilidad, sino de las funciones encargadas y del Gobierno.
Publicidad
¿Por qué del Gobierno?
Porque no le proporcionaba al Consejo de Participación los recursos necesarios para los concursos respectivos.
El Gobierno propone cambios en el referéndum, entre esos, un nuevo Consejo Transitorio por 18 meses. ¿Por qué otro? ¿Qué cambiará con ese?
Eso es lo que a mí me extraña. Dicen que no hemos cumplido con nuestras funciones, pero, con los escasos recursos que nos dio el Gobierno, cumplimos lo que fue posible, designar los jueces que podíamos.
Publicidad
Ponga un ejemplo de qué no pudieron hacer por eso.
Se requieren más jueces, pero no nos dieron los recursos. Necesitamos recursos para informática y tecnología moderna. La Constitución institucionaliza la oralidad, pero hay que dar una nueva estructura física a cada juzgado. Las audiencias deben ser filmadas...
Pero a este nuevo Consejo transitorio sí le darán todas las competencias que fija la Constitución.
Nosotros tenemos funciones limitadas. Por ejemplo, no podemos hacer concursos de méritos y oposición para designar a los ministros de las cortes nacionales, de la Corte Nacional de Justicia. La Corte Constitucional determinó que, por lo pronto, no podemos sancionar a los ministros de las cortes nacionales. No podemos hacer todo a plenitud.
¿Es tener las manos atadas?
Limitadas.
La Constitución plantea hoy un Consejo de nueve vocales elegidos en concurso público, pero en la consulta se propone uno temporal con tres delegados de otras funciones del Estado y otro definitivo con cinco vocales de ternas. ¿Cuál es menos susceptible de politización?
La primera propuesta, la del nuevo Consejo temporal, es susceptible de politización. Va a ser elegido por el presidente de la República; la Asamblea, que es política; y la Función de Transparencia, que está viendo que tiene una influencia del Gobierno. Tendremos una Judicatura íntegramente controlada por el Gobierno, con una eminente orientación política.
¿Y cuál es el riesgo?
No garantiza de ninguna manera la independencia y probidad que debe tener. El presidente de la República ha presentado demandas por indemnizaciones. Si tenemos una justicia controlada por el Gobierno, ¿qué juez se atreve a dictar una sentencia en contra? Sería algo insólito que una sola función (Ejecutiva) fuera a absorber a todas.
Pero ustedes ahora tienen un juicio político en la Asamblea.
¿Pero qué orientación tiene? Orientar por el Sí en el referéndum. ¿Por qué no se nos hizo antes un juicio político? Se nos hace justamente en este momento, cuando hay una consulta. ¿Qué intención política hay? Hacer una promoción por una determinada tendencia.