Una tercera demanda en contra del referéndum y la consulta popular que promueve el Gobierno de Rafael Correa fue aceptada a trámite por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede está en Washington.
El periodista colombiano Gonzalo Guillén entabló la querella en representación del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), de Bogotá, organismo que se encarga de velar por la vigencia de la libertad de expresión en la región.
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Guillén denuncia que, a través de la propuesta de enmienda del artículo 312 de la Constitución (pregunta 3 del referéndum), el Estado ecuatoriano viola una serie de derechos garantizados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el de la propiedad privada, protección de la honra, la libertad de expresión y pensamiento; y la igualdad ante la ley.
Ecuador es signatario de ese tratado internacional desde 1977 y lo ratificó en 1984.
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A través de esa reforma, el Ejecutivo pretende prohibir a los directores y accionistas de los medios de comunicación que sean dueños de otras empresas ajenas a esa actividad.
Actualmente, esa norma impide a los accionistas y directivos de entidades o grupos financieros tener participaciones permanentes, totales o parciales, en otros negocios.
El periodista solicitó a la CIDH ordenar al Estado ecuatoriano detener el referéndum del régimen en lo que se refiere a la pregunta 3.
Hasta que la Corte concluya el análisis de la demanda y para “evitar daños irreparables” hacia los afectados por la enmienda, Guillén pide que se apliquen medidas cautelares.
Estas consisten en pedirle al Gobierno del Ecuador que “realice una revisión detallada del proceso que dio lugar a proponer la modificación del artículo 312 de la Constitución (...)” y, de ser el caso, declarar las consecuentes nulidades “teniendo en cuenta las graves amenazas a los derechos humanos”.
La denuncia de Guillén se suma a otras dos ya aceptadas a trámite por la CIDH.
Una fue interpuesta por la Cámara de Industriales de Pichincha, respaldada por el exmagistrado Hernán Salgado; la otra, por el jurista Roberto López. En ambas se solicita dejar sin efecto la consulta porque, a criterio de los demandantes, esta es inconstitucional.
La semana pasada, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, señaló que solo el pronunciamiento de un organismo internacional de un organismo de derechos humanos podría detener el plebiscito, previsto para el próximo 7 de mayo.
Previamente, no obstante, los demandantes deben agotar las instancias de justicia locales.
A la par, el director del Comité de Protección a los Periodistas (CPJ, en inglés), Joel Simon, envió una carta al presidente Correa en la que manifiesta su preocupación por las amenazas a la libertad de expresión que entrañarían las preguntas 3 y la 10 (esta se refiere a la creación de un Consejo de Regulación de contenidos de los medios).
“Creemos que estas preguntas del referéndum están dirigidas a acallar voces que se oponen a su Gobierno. Lo exhortamos a que las retire de inmediato y respete las garantías sobre la libertad de expresión consagradas en la Constitución y en acuerdos internacionales”, indica la misiva.
Firma
La firma del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, fue la primera que recogió Vicente Sarmiento, padre de un joven que murió en manos de la delincuencia.
Reformas
Sarmiento propone una consulta popular para pedir a la Asamblea que reforme el Código Penal para endurecer las sanciones a los delincuentes. Nebot dijo que ese plebiscito es el que en realidad necesita el país no el que impulsa el Gobierno.