El reciente pronunciamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revive el debate sobre la penalización de las opiniones y su efecto sobre el derecho a la libertad de expresión de las personas.

Varios juristas comparten la preocupación de la Relatoría en el sentido de que la legislación ecuatoriana aún no elimina la figura del desacato, que ha sido usada por ciertas autoridades para sancionar hasta con la cárcel a quien expresa de forma pública un comentario que supuestamente afecta su honra.

El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, Iván Castro, afirma que Ecuador debe avanzar hacia la despenalización de las opiniones para no infringir el derecho a la libertad de expresión que consagran la Constitución y los tratados internacionales.

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Cree que varios dignatarios no entienden que al ostentar un cargo público están más sujetos al escrutinio y a las críticas, y que deben ser más tolerantes.

El asesor legal de Fundamedios, Juan Carlos Solines, denuncia que en el país hay una política sistemática de ataque y amedrentamiento hacia la prensa, que impide que Ecuador progrese en este aspecto.

“Si bien el tema del desacato no fue introducido en este Gobierno, todo lo que es criminalización de opiniones deber ser revisado”, puntualiza.

El director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo de Argentina, Eduardo Bertoni, refiere que Ecuador incluso representa un retroceso para América Latina, ya que a diferencia de otros países, todavía no deroga la figura del desacato. Comenta que Argentina, Chile y Uruguay lo hacen desde 1990 en atención al pronunciamiento de organismos internacionales como la CIDH.

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La Relatoría de la CIDH reiteró el pasado viernes que los delitos contra la honra que constan en el Código Penal ecuatoriano, como el desacato, “atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Recomendó al país adecuar su jurisdicción a fin de no apartarse de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.

La Relatoría manifestó su preocupación por tres recientes casos en los que el ofendido era el presidente Rafael Correa y buscaba penalizar una opinión: la demanda contra Diario EL UNIVERSO, sus directivos y el editor de Opinión, Emilio Palacio, por un escrito de este; el juicio contra los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, por el libro en el que narran los contratos entre Fabricio Correa Delgado y el Estado ecuatoriano; y la querella contra el ciudadano Marcos Luis Sovenis, quien le habría gritado fascista a Correa.

El Régimen alega que en el nuevo Código de Garantías Penales se elimina el desacato, pero esto aún está en proyecto.