A los patios de la Policía Judicial (PJ) fueron trasladados ayer cerca de 40 patrulleros que permanecían en el taller Fastech (vía a la costa), algunos incluso desde el 2009, cuando esa empresa y el Comando de Policía Guayas Nº 2, cuyo jefe era Juan Ruales, firmaron un contrato de “mantenimiento preventivo y correctivo de 227 vehículos policiales”, con un presupuesto de $ 761.978 por año.
Durante el operativo, dirigido por el jefe del Distrito Metropolitano de Guayaquil, Ramiro Mantilla, personal de la PJ acudió con dos grúas para retirar los patrulleros del taller. No pudieron sacar todos, porque algunos estaban desarmados.
Mantilla dijo que había tomado la decisión de retirar los vehículos después de que se hiciera público el proceso que, por presunto peculado, lleva adelante el fiscal Freddy Caicedo, de la Unidad de Delitos Financieros y Anticorrupción.
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En la investigación, la Fiscalía e Inspectoría de Policía han llamado a declarar a trece uniformados, entre ellos: Ruales, hoy director de Personal; Luis Herrera, jefe de Logística; Néstor Parra, jefe financiero; y dos civiles: Luis Sánchez Solano y Pedro Garcés Villón, accionista y gerente de Fastech, respectivamente; además de mecánicos.
Esta investigación, que se hizo pública a través de este Diario el pasado 6 de febrero, comenzó en noviembre del año pasado a raíz de una denuncia que llegó a la Comandancia.
Mantilla dijo que no puede finalizar el contrato pero sí suspenderlo mientras analizan su terminación unilateral.
