Impuesto a la plusvalía para casa nueva

Hace tres semanas pensé haber concluido todas las gestiones y pagos para comprar una casa nueva en una urbanización ubicada en la vía Terminal Terrestre-Pascuales. Uno de los últimos desembolsos, fuera del valor de la vivienda, fueron cerca de 400 dólares para alícuotas, medidor de agua y otros.

Cuando ya esperaba finalmente la entrega de la escritura y hacer el último esfuerzo económico para los gastos en notaría y Registro de la Propiedad (que por referencias me enteré que eran cerca de 1.000 dólares), la inmobiliaria me informa que debo cancelar el impuesto a la plusvalía, lo que, agregado a los rubros mencionados, daba un valor de 3.500 dólares aproximadamente.

De inmediato expresé mi queja a la inmobiliaria porque una casa nueva no genera plusvalía (no hay historia catastral ni avalúo) y que además la ley que señala que este rubro contemplado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) faculta a los municipios a cobrar el 10% del valor del inmueble pero a partir de la segunda venta de un bien inmueble. Y principalmente, esa misma ordenanza señala que ese pago debe hacerlo el vendedor, el que gana por este negocio, no el comprador.

Sin embargo, una abogada de la empresa me dijo en un primer momento que los terrenos de la inmobiliaria estaban en un fideicomiso y eso se tomaba como una primera transacción. Pero respondí que ese no era mi problema ni nadie me informó de eso.

Volví a insistir en que eso es ilegal y que a ellos les corresponde pagar ese alto valor y la misma persona me respondió esta vez, vía correo electrónico, que “efectivamente la ley indica que la plusvalía la paga el vendedor, a menos que se pacte lo contrario entre las partes” y que yo firmé un convenio de reserva en donde me comprometía a ese pago.

Estimo que en mi caso y de muchos otros clientes, creemos en el correcto y legal proceder de una constructora o inmobiliaria. No todos conocemos de temas legales y de impuestos, solo buscamos cristalizar un sueño familiar y no tenemos a nuestro lado a un abogado o experto en bienes raíces que nos asesore cuando suscribimos el convenio.

Acudí a las oficinas de esta inmobiliaria para reiterarles mi inconformidad por el pago de este rubro y me indicaron que es el Municipio de Guayaquil el que les impone ese impuesto (por el mencionado fideicomiso no informado a los clientes) y que yo, el comprador, que no obtengo comisión por la transacción, debo cancelarlo.

Se tiene que impartir justicia y poner las cosas claras. El Municipio debe informar si procede este impuesto a una vivienda nueva. La Defensoría del Pueblo debe conocer este asunto de hacer firmar un documento comprometiendo valores que por ley no corresponden cancelar al comprador y que seguro afectará a decenas de personas que se endeudaron y sacrificaron por un futuro mejor para su familia.

Byron Pacheco
Guayaquil