Ayer se suspendió la audiencia entre el alcalde Jaime Nebot y los extrabajadores de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag), quienes solicitan la nulidad de la Ley 121 y exigen una reliquidación debido a que fueron despedidos en 1998 cuando el Municipio de Guayaquil delegó las competencias del alcantarillado sanitario y pluvial y del agua potable.
La diligencia –donde se daría a conocer la Acción de Protección planteada por los antiguos empleados– fue suspendida por el juez temporal Wilson Luque, en el Juzgado Undécimo de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
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Luque basó su veredicto en que no se cumplía con las garantías del caso. Esto, debido a la falta de notificación a cada una de las partes, ya que se había señalado la fecha de la audiencia pero no fue entregada oficialmente. También por la ausencia del delegado o Procurador del Estado y la falta de aire en el despacho producida por la asistencia de decenas de simpatizantes del Alcalde.
El alcalde, quien asistió en representación del Municipio, explicó a su favor que “los trabajadores de aquella época fueron liquidados con la ley. La ley en base a la cual se hizo la liquidación fue entonces catalogada de inconstitucional y la máxima autoridad constitucional de la época se pronunció diciendo que la ley era constitucional”.
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Además señaló que Luque era utilizado como “comodín” porque “lo ponen en cada causa que les conviene”.
Al salir del juzgado, Nebot visitó la oficina de la presidenta de la Corte, María Leonor Jiménez, en donde comentó que existen “sinvergüenzas” en la Función Judicial y que “las acciones de protección ya no constituyen una garantía para el ciudadano sino una forma de enriquecer a través de malas artes y oficios a algunas personas y funcionarios”.