El escándalo que salpica a la Corte Constitucional (CC) por el supuesto pago de más de medio millón de dólares en el caso de la Cervecería Nacional hizo que la Fiscalía General adoptara una medida cautelar extrema, al congelar las cuentas bancarias de Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de ese organismo, Arturo Larrea Jijón, quien desde ayer goza de una licencia sin sueldo de 15 días.
El congelamiento fue una de las primeras acciones dispuestas por el fiscal general, Washington Pesántez, como parte de la indagación previa del caso, para lo cual solicitó a la Superintendencia de Bancos cumplir con esta orden.
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Además, la Fiscalía fijará una nueva hora y día para que acuda el magistrado de la CC Alfonso Luz Yunes, que por segundo día consecutivo se excusó.
Mientras, el asambleísta de SP Galo Lara, quien presentó la denuncia de un supuesto pago a la Corte por parte de Cervecería Nacional para conseguir un fallo laboral a favor, pidió públicamente a la Fiscalía solicitar a la Asamblea el levantamiento de la inmunidad del presidente de la CC, Patricio Pazmiño.
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Lo mismo hizo Pazmiño, quien pidió a la Asamblea levante la inmunidad parlamentaria de Lara para enjuiciarlo.
Pazmiño acudió a la Fiscalía General para solicitar que se requiera al diario Hoy el nombre del autor de la noticia ‘Soborno a jueces sería de $ 1 millón, dice Lara’, publicada el 8 de febrero del 2011, y al director de diario La Hora el nombre del responsable de la noticia ‘Lara habla de varios casos de corrupción en la CC’, publicada el 10 de febrero del 2011.
Los requerimientos, por disposición del fiscal, deberán ser atendidos por esos medios dentro de tres días hábiles.
Lara pidió en forma pública investigar a Stalin Raza, exasesor de Patricio Pazmiño, quien desde julio del 2010 ocupa el cargo de primer secretario en la Embajada de Ecuador en Argentina.
Ese exfuncionario, dijo el parlamentario, tiene desde hace tiempo un estudio jurídico en el edificio Monasterio Plaza, en forma conjunta con los hermanos Alfredo y Arturo Larrea Jijón, en cuyas oficinas –según Lara– se tramitaban los casos de la Corte Constitucional.