Desconocimiento sobre los derechos de participación ciudadana y trabas para acceder a información en entidades vigiladas se evidencian en torno a las veedurías y otros mecanismos de fiscalización que promueve la Constitución.
El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, consta en la Constitución de Montecristi; además, se crearon un ente y una Ley Orgánica que regulan este derecho. Sin embargo, ¿qué sabe la ciudadanía sobre su derecho a participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y en el control popular de las instituciones del Estado? ¿Se cumple este derecho?
Publicidad
La mayoría, en Guayaquil y Quito, no conoce siquiera que lo tiene. Así lo refleja una encuesta que Perfiles de Opinión, contratada por este Diario, hizo en estas ciudades el 25 y 26 de enero pasado. El 39% de los consultados dice no saber en qué consiste la participación ciudadana, el 11% que “es la opinión de los ciudadanos” y el resto tiene otras versiones: “la participación de todos”, la “toma de decisiones por los ciudadanos”, “el sufragio”, entre otras respuestas.
Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), encargado de “promover e incentivar” esos derechos, el 55,9% de encuestados dice no conocer o haber oído. Del resto, que afirma conocer o haber oído, el 46,3% dice no saber cuáles son sus funciones. Solo el 15% atina a decir que debe haber veeduría y control del sector público. El resto expresa versiones erradas.
Publicidad
La promoción del derecho ha sido tímida. Tras diez meses de funcionamiento, lo más visible del Cpccs han sido los procesos de designación de once autoridades de control, de las cuales cuatro están nombradas, y la integración de nueve veedurías para vigilar estos procesos.
Bajo el eslogan “Construimos el Ecuador que queremos”, el Cpccs hizo una campaña de radio y televisión para motivar a la ciudadanía a participar en la selección de autoridades. Contrató para ello a la agencia de publicidad Serpín, por un costo de $ 297 mil. Y para una segunda fase se contrató otra campaña que convoque a la ciudadanía a participar en los concursos para designar fiscal general del Estado y vocales del Consejo de la Judicatura; también para integrar las comisiones ciudadanas de selección para designar a los vocales del Consejo Nacional Electoral, al defensor público y defensor del Pueblo.
La agencia Mediterráneo fue adjudicada por $ 300 mil y a esto se sumaron otras actividades para designar autoridades: cuatro cadenas nacionales, videos para capacitación, convocatorias para integrar veedurías y comisiones de selección. La inversión total: $ 771.670.
En otro frente, con límites de dinero y menos masivo, el Cpccs desarrolló 17 talleres de capacitación sobre sus funciones y el derecho ciudadano a participar en la gestión de sus autoridades. Según un informe de esa entidad, en el 2010 se cumplió el 2,5% de esos objetivos.
La experiencia de varias organizaciones en temas de participación y una base de datos de unas 4.000 entidades sociales se usaron en la convocatoria del Cpccs para los talleres, asegura Julieta Logroño, secretaria técnica de Participación Ciudadana. Casi 5.000 personas, dice, accedieron a esta capacitación y aunque la cifra es limitada, la funcionaria lo considera un éxito, dado el poco tiempo de la entidad y la escasez de recursos.
Ese es el mayor problema del llamado Quinto Poder, el ciudadano, disponer de muy poco dinero y depender del principal actor público al que debe controlar: el Ejecutivo. No tiene autonomía financiera. Cuando la Asamblea Constituyente (oficialista) la lo creó, no sentó los mecanismos para ello. Para el año 2010 el Ministerio de Finanzas aprobó un presupuesto de $ 5’969.780, del cual el 70% es para pago de empleados. Algo que, por cierto, no se ha hecho pública en la página web de la entidad, según exige la ley de Acceso a la Información.
El presupuesto de la Secretaría de Participación del Consejo, rectora de estos procesos según la Constitución y la Ley, fue de unos $ 300 mil en el 2010, y será de $ 900 mil para el 2011. Mucho menos de lo que el Estado le otorga a la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, creada por decreto. Según consta en su página web, gastó más de $ 2 millones en su propio Sistema de Participación Ciudadana.
¿En qué se están gastando aquellos exiguos fondos? En los destinatarios de los talleres de capacitación del Cpccs hay una fuerte presencia de funcionarios de instituciones públicas. Logroño considera que ante el desconocimiento del derecho de la participación, se justifica dedicar parte de su presupuesto a capacitar a los entes públicos sobre sus propias obligaciones.
El Consejo promovió 65 veedurías en el 2010. Unas surgieron del propio ente y otras de observatorios o agrupaciones ciudadanas y varias solicitadas por las mismas instituciones públicas, aunque el reglamento no contempla lo último.
El Consejo no cuenta con información consoliada sobre todas las veedurías organizadas. Tras solicitudes de este Diario durante dos semanas, entregó una muestra en la que constan 44. El 86% se realiza a municipios, prefecturas, centros de salud, administración de justicia y entes del Gobierno central.
¿El pueblo es el primer fiscalizador? No, en la práctica, al menos no le hacen mucho caso. En estos procesos de vigilancia, la mayoría de veedurías ha tenido dificultades ligadas a limitaciones para acceder a información, falta de recursos económicos y logística. A unos veedores, los resultados de su investigación ya le representan una amenaza de juicio por injurias.
El Consejo, obligado a promover y auspiciar los procesos para algunos, defiende los intereses de los auditados.
Las trabas también se vivieron en la veeduría para vigilar los contratos que el Estado firmó con empresas relacionadas con Fabricio Correa (hermano del mandatario). El pasado 3 de febrero, Pablo Chambers entregó su informe, luego de un año y seis meses de trabajo, al contralor Carlos Pólit, y denunció que hizo siete pedidos de audiencia al pleno del Cpccs para coordinar la entrega del informe y la única respuesta que tuvo fue que desocupara la oficina en que trabajaba dentro del Cpccs.
“La falta de capacidad para una real promoción de la participación ciudadana está en la cabeza del Consejo”, dice Chambers, quien señala como un ejemplo de su “subyugación” que tras el anuncio presidencial de reemplazar el Cpccs, su presidenta, Mariana Miranda, no se haya pronunciado.
Otros lo sienten ausentes. En Quito, por ejemplo, se investigan las labores finales del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ). Esa veeduría está a cargo de la Corporación Contraloría Social y su coordinador es Ángel Salvador. Ante denuncias de supuestas irregularidades del vocal del CJ Germán Vásquez, Salvador buscó el auspicio del Cpccs para hacer su veeduría. Esta se aprobó cuatro meses después de presentarse, a pesar de que el reglamento establece que el Consejo debe facilitar y respaldar estos procesos de acuerdo con el objeto y el plazo, así como dar asesoría y hacer seguimiento de las recomendaciones emitidas por los observadores.
La CJ tampoco entregaba información y aunque Salvador informó al Cpccs con la expectativa de que interviniera para revertir el problema, solo acudió un funcionario de nivel medio que no logró aislar el bloqueo.
En Guayaquil, es el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos (OCSP), presidido por César Cárdenas, excandidato a asambleísta de Montecristi en el 2007 por el movimiento Frente Social Constituyente, el que impulsa algunas veedurías.
Una de ellas es para verificar la calidad de agua potable suministrada por Interagua y conocer los métodos de facturación (de agosto del 2010 a enero del 2011). Alfredo Carrasco, coordinador, dice que se inscribieron trece veedores, pero ahora quedan seis. “Gracias a Dios yo tengo cómo solventar gastos, pero no todos pueden...”, dice, pues por tratarse de un deber cívico no reciben remuneración y los recursos salen de sus bolsillos.
De este observatorio también partió una veeduría para analizar la calidad de atención de los centros de salud del suburbio oeste. Juan Villacís, coordinador de la Asociación de Barrios de la parroquia Febres Cordero, admite que ha direccionado la entrega del Bono de Desarrollo Humano en Naranjal y Balao (Guayas), pero, dice que como veedor tiene el compromiso de “estar al margen de intereses políticos para decir la verdad”.
El grupo que vigila los procesos de adquisición de bienes y servicios del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, liderado por Gilma Whetley, Arsenio Palacios y Rocío León, jubilados de ese hospital, se queja de la falta de colaboración de autoridades para proporcionarles ciertos reportes, por lo que han tenido que pedir la intervención del defensor del Pueblo.
Mientras que Sadallah Suraty, de una veeduría sobre la recuperación de cartera y devolución de activos de la banca cerrada en el Banco Central, dice sentir que la entidad no le da “la importancia que tiene”.
En Tosagua (Manabí), Richard Espinales, dirigente de una veeduría sobre los contratos de alcantarillado pluvial, dice que la alcaldesa (Elba González) no les ha negado documentación, pero que la constructora sí. Mientras que en Cuenca, Santiago Espinoza, quien vigila la atención a los jubilados en el hospital José Carrasco Arteaga, del IESS, afirma que los empleados de este centro de salud hablan de obstáculos para atenderlos y no entregan documentos que los comprometan. “Solo desde la observación y el diálogo con los usuarios emitiré un informe”, cuenta.
Antecedentes: Marco legal
El Cpccs
En el 2007, tras llegar al poder Rafael Correa, se creó la Secretaría de Pueblos, Organizaciones Sociales y Participación Ciudadana. En el 2008, en la Asamblea Constituyente que elaboró la nueva Constitución, se aprobó la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El ‘Quinto Poder’
Este Consejo, que absorbió el personal de la Comisión Anticorrupción y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (adscrita a la Presidencia), junto con la Contraloría, Defensoría del Pueblo y superintendencias son parte de la Función de Transparencia y Control Social (Quinto Poder) que contempla la Constitución (artículos 204 al 210).
Concurso para el Cpccs
En el régimen de transición, el ‘Congresillo’ tuvo retrasos para convocar a la elección de los primeros miembros del Cpccs. Se posesionaron en febrero del 2009 y la ley orgánica del Cpccs se aprobó meses después.
Reglamentos
En febrero del 2010 se aprobó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en marzo se integró el nuevo Cpccs. Este organismo, en julio, creó el Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección y, en septiembre, el de Veedurías Ciudadanas.