Víctimas del crimen no están conformes con texto de consulta

Las dos primeras preguntas del referéndum propuesto por el mandatario Rafael Correa, que plantean cambios en el tiempo de la caducidad de la prisión preventiva y el uso de las medidas cautelares alternativas, no satisfacen a los grupos políticos y ciudadanos que han impulsado reformas penales para combatir el azote de la delincuencia en el país.

El texto de la consulta no elimina esas figuras de la Constitución, como lo han solicitado reiteradamente dichos sectores, sino que indica que las leyes deberán normar los plazos y los casos para su aplicación.

La Carta Magna señala que la prisión preventiva no podrá exceder de los seis meses en los casos sancionados con prisión y un año para los que merecen reclusión. Y permite la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad sin excepciones.

Juan Fabara, cuya hija Natalia falleció por el impacto de una bala perdida hace cuatro años, sostiene que la ciudadanía esperaba que la consulta propusiera el endurecimiento y acumulación de las penas para los delincuentes o la tipificación de nuevos delitos, como el sicariato y el secuestro express.

“El Presidente no ha entendido el mensaje de la gente. Y se podría perder una oportunidad de oro para hacer cambios reales para combatir la delincuencia”, opinó Fabara.

Vicente Sarmiento, presidente de la Fundación del mismo nombre, señala que, tal cual están redactados los textos, la responsabilidad de hacer los cambios recae sobre la Asamblea, “que no ha cumplido su labor y nos ha fallado”.

A su criterio, no harían falta las enmiendas constitucionales si el Legislativo hubiese hecho las reformas pertinentes. Así, por ejemplo, se puede mantener el plazo de un año para la caducidad de la prisión preventiva, pero sin restarle las audiencias en las que alguna de las partes no se presente.

“Lo que necesitamos son leyes más fuertes contra los delincuentes, que ahora son los dueños del país”, dijo el activista, cuyo hijo fue asesinado con escopolamina el año pasado.

El bloque de Madera de Guerrero, que el año pasado presentó un paquete de reformas penales con el apoyo de 47 mil firmas de la ciudadanía, anunció que apoyará las dos primeras preguntas de la consulta.

Su jefa, Cynthia Viteri, cree que es positivo que se reforme la Constitución para eliminar los “candados” que representan los plazos fijos para la prisión preventiva y la obligatoriedad de aplicar medidas cautelares alternativas. “Ahora nos toca pelear en la Asamblea”, dijo.

Sin embargo, lamenta que no se pregunte al pueblo si desea que se endurezcan las penas para los delitos atroces (sicariato, secuestro express, robos con muerte o violaciones) .

En una entrevista con Teleamazonas, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, comentó que “en materia de seguridad creo que hay una gran decepción (por la consulta) porque el Presidente no pregunta, directamente, si se quiere que se derogue la prisión preventiva”.

El ministro de Justicia, José Serrano, explicó a la agencia estatal Andes que no es posible eliminar la caducidad de la prisión preventiva, ya que existen tratados internacionales que determinan que Ecuador debe establecer plazos razonables.

El funcionario expresó que la Constitución debe determinar principios y, la Ley, establecer los “plazos razonables”.

Serrano agregó que las medidas sustitutivas sirvieron para fomentar la corrupción porque, si bien hay jueces que la aplican correctamente, hay muchos que han hecho de ella “una forma de vida económica”.

Apuntes sobre los judiciales
Análisis del proyecto
Debate interno
Los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se reunieron ayer, por separado y en privado, para analizar el proyecto de consulta que el Ejecutivo formalizó el pasado lunes ante la Corte Constitucional (CC).

Renuncias
El pedido de renuncia masiva, para facilitar o dar paso a los cambios, que fue planteado por los vocales del CJ, Max Ulpiano Salazar, Marco Tulio Cordero y Oswaldo Domínguez no tuvo eco en la mayoría del organismo.

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Para el juez de la CNJ, Luis Quiroz, la renuncia no puede ser una opción. Si el Presidente se encargó de descalificarlos ante el pueblo, explicó, los jueces nacionales solicitarán a todos los judiciales mayor trabajo, esfuerzo para cambiar esa percepción ciudadana.