El Gobierno vuelve a cambiar el escenario para la Ley de Comunicación y pone nuevamente una interrogante sobre sus reales intenciones ante el trabajo de la prensa.

En la propuesta de consulta popular presentada el lunes pasado a la Corte Constitucional para su calificación, la cuarta pregunta plantea a la ciudadanía la aprobación de una “ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores”.

La justificación del régimen y según consta en su propuesta es evitar los abusos de la prensa.

Sin embargo, en esta materia ya existe legislación tanto nacional como internacional.

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Según el artículo 19 de la Constitución, la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines educativos y culturales en la programación de los medios. El artículo 46, numeral 7 de la misma Carta Política, relacionado con los derechos de los niños y adolescentes, dispone que el Estado garantizará protección frente a la influencia de programas que promuevan violencia, discriminación o de género.

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 también tiene disposiciones en ese sentido.

En la Asamblea Nacional, dentro del trámite de la Ley de Comunicación, también se suscribió un acuerdo ético político entre las distintas bancadas en el que se estableció que se debe garantizar la libertad de expresión sin censura previa y con responsabilidad ulterior y que los límites a la libertad de expresión deben darse en los ámbitos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, salud pública, defensa nacional y orden público.

Esto con la creación de un Consejo de Comunicación independiente y autónomo del Gobierno y de los medios de comunicación, que entre sus funciones está garantizar los derechos de los ciudadanos.

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Para el director de Fundamedios, César Ricaurte, esta pregunta rompe con ese acuerdo legislativo pues tal como se la plantea se deja abierta la posibilidad de que el Consejo pueda tener una conformación estatal y gubernamental y con la facultad de censurar previamente a los medios de comunicación e imponer las sanciones a los periodistas por no cumplir con responsabilidad ulterior.

“Va a ser un Consejo con amplios poderes. Pone en jaque todas las discusiones alrededor de la Ley de Comunicación y de ser aprobada implicaría violar tratados internacionales en materia de libertad de expresión”, dijo Ricaurte.

El analista político Francisco Rocha señaló que el contenido de esta pregunta ya se está tramitando en la Asamblea, lugar donde se debe aprobar.

Coincidió con Ricaurte en que existe la intención de dejar de lado el acuerdo ético político y cambiar el articulado como quiere el Jefe de Estado para consolidar aún más su poder, controlar a la prensa y manejar el Consejo.

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“El señor Presidente insiste en eso porque le ha ido bien diciendo que tenemos una prensa corrupta. Que es casi la oligarquía pura la que tiene los medios de comunicación que todavía publican otros criterios que no son los del Gobierno”, dijo.

Según el legislador de Concertación Nacional César Montúfar, la trampa del régimen es inducir a la oposición a hacer campaña por el no para confundir a la población y decir que están a favor de la pornografía infantil, violencia y los abusos de los medios.

El presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino (PAIS), reconoció que parte de lo que se plantea en la consulta en materia de comunicación ya consta en la Constitución. “Lo que el Presidente está clarificando es el texto constitucional”, dijo.

Detalles: Asamblea
Otras reacciones
La enmienda constitucional planteada por el Ejecutivo para que los propietarios de los medios de comunicación privados de carácter nacional tengan participación accionaria fuera de ese ámbito también entró a debate en la Ley de Comunicación.

El asambleísta Jimmy Pinoargote (Movimiento Municipalista) señaló que el objetivo del Gobierno es controlar los medios y cercar a la prensa privada para impedir su crecimiento, mientras que no se ponen regulaciones a los medios públicos.