Algunas de las personas que habitaban en los asentamientos Ciudad de Dios, Marco Moroni, Elvira Leonor, Los Socales y otros, que fueron desalojadas hace dos semanas por la Intendencia de Policía, han levantado sus casas cerca de allí, en la tercera etapa de la precooperativa Sergio Toral.
Ese sector, según sus habitantes, no consta como legalizado por el Municipio de Guayaquil (que solo reconoce legalmente a la primera etapa). Tampoco está dentro de la zona de seguridad que declaró el Gobierno a fines del año pasado, por lo que no hay presencia militar.
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“Tenemos que aprovechar que aquí no están los militares para parar una casita, porque no tenemos dónde vivir, ojalá que no nos boten de aquí como hicieron la semana pasada”, expresó un hombre mientras paraba cuatro palos que servirán de base para levantar su casa.
En el terreno de al lado, una mujer y su hijo dormían bajo una casa improvisada hecha con saquillos de yute y cubierta a medias con techo de zinc que había avanzado a sacar luego de ser desalojada de otro lugar.
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Los habitantes de este asentamiento sienten temor de volver a ser desalojados, pues el jueves pasado, en un operativo para clausurar negocios del dirigente Sergio Toral, que está prófugo de la justicia, las autoridades se dieron cuenta de su nueva ubicación.
Mientras que las denuncias por invasiones continúan. El pasado sábado, la Fiscalía del Guayas abrió una instrucción fiscal contra el supuesto invasor de los terrenos de la cooperativa Una Sola Fuerza, de Durán, Franklin Herrera.
El acusado fue trasladado al Centro de Detención Provisional (CDP) en Guayaquil, luego de la audiencia de formulación de cargos. Hasta ese día, el detenido acumulaba alrededor de 40 denuncias en su contra por invasión de los terrenos, estafa, extorsión y amenazas.
El abogado de los supuestos perjudicados, Nilo Sánchez, dijo que durante esta semana recogerán más testimonios.
Entre ellos está el de Mercy Coello, adjudicataria de uno de los lotes de la cooperativa, quien afirma que en dos ocasiones ha tenido que desalojar personas que, supuestamente, le habían comprado sus tierras a Herrera.
Enriqueta García, en cambio, lo acusa de haberla estafado con $ 280. Según su versión, el acusado le pidió ese dinero para efectuar los trámites de legalización de dos terrenos que le vendió en $ 1.500 cada uno.
La mujer se enteró de que estos le pertenecían a una tercera persona cuando acudió al desaparecido Instituto de Desarrollo Agrario (INDA) a pedir sus papeles.
Sánchez señaló que los socios de la cooperativa están recopilando pruebas contra los “terratenientes” de Herrera; es decir, las personas que supuestamente enviaba a cobrar las cuotas.