En Quito, el 3 de diciembre del 2008, el ministro Raúl Carrión, quien se autocalificaba como “dueño del circo”, aduciendo que todo lo que él proponía lo hacía el Gobierno, renunciaba a su cargo después de que la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia determinara “presunto enriquecimiento ilícito en esa cartera”.

Antes, en Quito y Guayaquil, habían sido detenidos Fernando Moreno, asesor y colaborador directo de Carrión; y Fausto Padilla, contratista. Ambos en delito flagrante, cuando supuestamente solicitaban comisiones para adjudicar contratos. También fue detenido Mario Montevideo, amigo del ministro quien meses después fue absuelto de todos los cargos.

De inmediato, el presidente Rafael Correa mostró su respaldo al ex ministro, le expuso su apoyo en el transcurso de la investigación, cuando lo visitó en la cárcel y defendió cada vez que pudo. “Raúl sostiene que no supo de la actividad delictiva...”, comentó en su enlace del 23 de mayo del 2009. Además, dijo que con la Constitución, a Carrión le correspondían medidas cautelares, como el arresto domiciliario, lo cual sucedió enseguida, aunque luego fue suspendida y volvió a la cárcel.

Tres días antes del feriado de Navidad del 2009, el ex ministro salió de prisión. Por el retraso en el trámite de dos procesos penales por peculado (malversación de fondos públicos) tanto en la Fiscalía como en la Corte de Justicia se aplicó la caducidad de la prisión preventiva. Al final, fue absuelto en dos procesos que enfrentó por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Seguían pendientes tres. Luego Moreno y Montevideo quedaron libres.

Publicidad

Esas detenciones, y la de Carlos Quintero, ex director financiero de la Procuraduría, por el pago de un “bono espiritual” de 10 mil dólares para 437 empleados de esa entidad, fueron los casos que dejaron detenidos en los dos primeros años del Gobierno. Además, estuvo la orden de prisión contra 16 ex dirigentes de la Asociación de Empleados de la misma Procuraduría.

Antes de esos casos, a cuatro meses de iniciado el mandato de Correa, tras la denuncia de un ex asesor del régimen, el extinto Quinto Pazmiño, se publicaron los Pativideos, sobre la supuesta especulación financiera en el pago de intereses de los bonos Global 2030 en los que aparecía el entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, con dos representantes de la compañía Abadi & Co. y el ex ministro Armando Rodas. Pero ese caso pasó al olvido. Después de que el Presidente firmó un decreto ejecutivo para reformar el reglamento a la Ley de Radiodifusión y Televisión para sancionar la difusión de videos o grabaciones de audio clandestinas tomadas sin permiso de quienes aparezcan en ellas.

El ex Congreso censuró a Patiño por supuesto peculado, colusión y traición a la patria; sin embargo, él no renunció y recibió el apoyo del Ejecutivo. Correa dijo que “(Patiño) estaba más ratificado que nunca...”.

Desde el 2007 al 2010, la Contraloría ha remitido a la Fiscalía informes contra más de medio centenar de entidades por sospecha de delitos en la administración pública. 205 son contra la Corporación Aduanera Ecuatoriana; 80 de la Comisión de Tránsito del Guayas; 28 de educación; 26 de entes de Bienestar Social, incluido el ministerio; más de 35 contra telefónicas, 19 en Salud, sumada esa cartera de Estado; y al menos 12 en entidades de deportes, entre otras.

Las cifras más fuertes son por casos en Petrocomercial, por más de $ 21 millones; en el Ministerio del Deporte, tres del 2008 suman $ 5’753.756,60; dos del 2009 involucran al Ministerio de Salud por $ 3’910.000; y al Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) por 4’438.314.

Al momento, la Asamblea tramita un juicio político contra la ex superintendente de Bancos, Gloria Sabando, pero la oposición está inconforme, pues en cuatro años la Comisión de Fiscalización ha archivado otras ocho solicitudes de juicio político argumentando falta de sustento. Los casos fueron contra Sabando, por tema seguros; el ex ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, por los racionamientos eléctricos; dos contra el ministro de Defensa, Javier Ponce, por compra de helicópteros Dhruv y no presentar rendición de cuentas; al ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), David Ortiz, por la prórroga a la empresa Guangxi en la construcción del cuarto puente; al ex MTOP Jorge Marún, por supuestas irregularidades en adjudicación de contratos; al ex ministro de Educación Raúl Vallejo, porque atentó contra la fe pública al difundir información falsa declarando al país “Patria libre de analfabetismo”, cuando se está alfabetizando. Además, contra el fiscal General Washington Pesántez, por supuesto “incumplimiento de funciones”.

Publicidad

Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, cree que el trabajo de la Asamblea es deficiente al momento de mostrar independencia. “Las decisiones que se han tomado son en torno a la agenda del Presidente; recién hoy estamos viendo un juicio, apuntalado por una ruptura de las relaciones entre el Presidente y la ex superintendente Sabando”, dice.

Otra gestión cuestionada fue la de la ex ministra de Salud, Caroline Chang, a quien se le abrió una instrucción fiscal por supuestas irregularidades en la compra de 115 ambulancias (eran unas furgonetas adaptadas). Cuando eso sucedió Correa aseguró que se quería involucrar injustamente en corrupción a una de las “mejores ministras” de Estado. Después, la Procuraduría presentó acusación particular contra seis personas, entre funcionarios de salud y contratistas, pero no incluyó a la ex ministra Chang.

En julio del 2009, el fiscal Pesántez anunció que, mientras esperaba el informe de Contraloría, abría una indagación contra Fabricio Correa, hermano del Presidente, por una serie de contratos efectuados entre las empresas de propiedad de Fabricio y entidades del Estado.

En mayo del 2010, la Fiscalía inició una investigación contra los ministerios del Ambiente, de Turismo y de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en la Fundación del Programa de Aseguramiento Popular (PAP) “por supuestas irregularidades en contratos de comunicación suscritos con entidades del Estado, de acuerdo a un reportaje publicado” por este Diario.

Otro ministro cuestionado ha sido el de Agricultura, Ramón Espinel, quien (se posesionó teniendo juicios y deudas, los que juró que no tenía) consta en una lista de ex banqueros presuntamente responsables de la quiebra del sistema financiero.

Mauro Andino, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dice que ellos han cumplido con su deber, según lo que establece la Constitución, y que “si ningún funcionario ha sido llevado a juicio político es porque los asambleístas que han presentado los casos no demostraron con las suficientes evidencias, dentro de la etapa probatoria, que había méritos para que se inicie juicio...”.

En cambio el asambleísta Galo Lara (SP) dice que es falso que no hayan sustentado las denuncias, como sostiene Andino, y que más bien el Presidente ha protegido a los corruptos, porque tiene, asegura, 3 en 1: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Casos: Denunciados
2009, enero 14
La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG) reporta que ha recibido unas 3.000 denuncias, 700 estaban en investigación. De los ocho escándalos más fuertes, solo la investigación de dos (Min. del Deporte y Procuraduría) derivó en procesos penales.

2010, enero 4
De los 157 contratos del Ministerio del Transporte y Obras Públicas que están en manos de la SNTG, 43 registran inconsistencias e irregularidades, según José Serrano, titular de la SNTG.

2010, octubre 12
Un informe preliminar de la Contraloría detectó errores en la aplicación de contratos y ejecución de obras en al menos 29 contratos suscritos por el ex ministro de Agricultura, Walter Poveda, pero no determinó indicios de responsabilidad en su contra.

2011, enero 4
El ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Aguiñaga (foto), hermano de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y los notarios Marcos Díaz y Julio Olvera fueron llamados a juicio con orden de prisión preventiva por el juez IV de Garantías Penales del Guayas, Jorge Mestanza, por supuesta falsificación de documentos de ciudadanos cubanos.