Juicio a Gloria Sabando entra a recta final

QUITO
.- Hasta este martes la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibirá las pruebas de cargo y de descargo del juicio político contra la ex superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, quien está acusada de negligencia en el ejercicio de sus funciones, por el asambleísta oficialista Rolando Panchana.

Ayer el intendente nacional jurídico de la Superintendencia, Oswaldo Vera, defendió a Sabando y afirmó que las acciones tomadas en torno a la banca cerrada impidieron la prescripción de las causas. Eso contrasta con la posición de Eduardo Carmigniani, defensor de unos veinte ex administradores de esos bancos. Ambos comparecieron ayer a la Comisión.

Carmigniani sostuvo que el proceso de notificación y cobro ejecutado por la Superintendencia contra sus patrocinados es nulo, ilegal, afecta al derecho a la defensa y está prescrito.

En cambio, Vera dijo que las decisiones permitieron que se inicie una auditoría; y reveló que a doce años de la crisis bancaria aún no se evalúan los activos de Filanbanco, Progreso, Pacífico y La Previsora.

Para Carmigniani se pretende cobrar a una persona las pérdidas que pudieren haberse producido durante doce años de administración del Estado; y eso significa que las resoluciones que se notificaron lo que hacen es "'tender un manto de impunidad para todos los atracos que se produjeron durante los doce años de administración estatal".

Cuando Sabando hizo esas notificaciones, añadió, pasaron ocho años desde que los bancos pasaron a manos del Estado. "La ex superintendenta tuvo todo el 2008 para aplicar el artículo 127 de la Ley de Instituciones Financieras y tuvo gran parte del 2009, pero recién lo hizo en agosto del 2010, cuando ya habían pasado once años de que los bancos pasaron a manos del Estado". Si Sabando hubiese actuado en el 2008, hubiera podido cobrar a personas como (Fernando) Aspiazu, a quien ni siquiera se ha notificado; y tampoco se ha incluido en las notificaciones a los ex administradores del banco La Previsora, empezando por Álvaro Guerrero, así como a los ex administradores del Pacífico, que cuando pasó al Estado tenía una deficiencia patrimonial de unos $ 90 millones, destacó.

Una vez que se cierre la etapa de presentación de pruebas, la Comisión elaborará el informe para recomendar el inicio o el archivo del juicio político.