La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) estimó que el 5% del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que el Gobierno estudia imponer a la telefonía móvil generaría al fisco unos $ 100 millones anuales.
Ese nivel de ingresos se daría considerando una facturación anual de la telefonía móvil de 2.000 millones de dólares, según Roberto Aspiazu, presidente de la Asociación.
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En el país existen tres operadoras móviles: Porta, marca comercial de Conecel, de propiedad del mexicano Carlos Slim; Movistar, del grupo español Telefónica; y Alegro, marca comercial de la estatal ecuatoriana Telecsa. Juntas sirven a un mercado de 14,7 millones de abonados, siendo la primera la predominante con el 70%, seguida de Movistar con el 28% y Alegro con el 2%.
Hasta finales del 2007, el usuario de móviles pagaba el 15% de impuesto por el consumo del servicio, pues era considerado como un bien especial; sin embargo, desde enero del 2008 el Gobierno consideró el servicio como público y básico y eliminó el impuesto.
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En ese entonces, Carlos Marx Carrasco, director del SRI, justificó la eliminación del impuesto porque el ICE afectaba al 80% de la población. Y dijo que desaparecido el impuesto la pérdida para el fisco era de $ 210 millones anuales.
Augusto Espín, ex gerente de Alegro, recordó que uno de los argumentos para terminar con el ICE en la facturación móvil era que el impuesto afectaba más a los usuarios prepago (con tarjeta) que representan más del 80% del mercado.
Otro factor que incidió en esa decisión fue el aumento del tráfico de llamadas; eso incluso motivó, el año pasado, a reducir el costo de interconexión entre las operadoras.
Juan Carlos Solines, ex presidente del Consejo de Telecomunicaciones (Conatel), comentó que la medida impactará no en los ingresos de los clientes, sino en la cantidad de minutos que hablen, pues el usuario móvil –en su mayoría– no gasta más de $ 15 mensuales. “Las autoridades miran a la telefonía móvil como la gallina de los huevos de oro y al servicio como un bien suntuario”.