'Apoyamos la rendición de cuentas, pero no la discrecionalidad ni la ambigüedad'

Orazio Belletini, portavoz de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y director del Grupo Faro, explica la preocupación que existe sobre el reglamento para personas jurídicas con derecho privado y sin fines de lucro que alista el Gobierno.El Gobierno asegura que se oponen al reglamento que prepara la Secretaría de los Pueblos porque hay OSC que hacen “lo que les da la gana”, ¿es así? Estamos de acuerdo con una normativa que mejore los niveles de información. Lo reconocemos como importante, porque facilitaría con información oportuna, vigente, sobre qué están haciendo las organizaciones, en qué territorios. Nos permitiría coordinar esfuerzos. Sin embargo, en el proyecto de reglamento se incorporan aspectos que nos preocupan. Por ejemplo, se incrementa a $ 5 mil el capital para crear fundaciones. No solo es una barrera financiera, es una barrera a la participación ciudadana.Se establece que una de las causales para la disolución de una organización no gubernamental es realizar proselitismo político. Hay dos grandes preocupaciones (que profundizan el Decreto Ejecutivo 982, que hace algunas exigencias). Ya con ese decreto se podría eliminar a una organización cuando no esté registrada, pero con el reglamento se establece que también será por realizar proselitismo político, no tener alternabilidad de sus dirigentes, entre otras.Son faltas administrativas, que las organizaciones debemos corregir, pero que se disuelva una organización porque no tiene documentos en regla es desproporcionado y ambiguo.¿Qué problemas advierte? Los casos más claros se dan en las organizaciones que trabajan en el mejoramiento de políticas públicas, promueven participación. Allí aparece la palabra política. Si dejamos así de ambigua esa disposición, existe el peligro de que en algún momento se interprete la labor de una organización como proselitismo político y se proceda a su disolución. El proyecto de reglamento acentúa aspectos del Decreto 982 e incluye otros elementos que no ayudan.¿Pero no está bien que las organizaciones, sobre todo extranjeras, rindan cuentas? Es un sector diverso y plural. Las que están activas en este proceso son organizaciones comprometidas con altos estándares de transparencia. Apoyamos el propósito de mejorar la rendición de cuentas, evitaría potenciales abusos, pero creemos que los estándares de información deben ser consensuados entre el Estado y la sociedad civil, deben estar acordes a la realidad y a la autonomía. No podemos estar de acuerdo con la discrecionalidad. Que se le solicite a cualquier tipo de organización, en cualquier momento, bajo la figura de depuración, eso derivará en presiones políticas que no le hacen bien ni al Estado ni a la democracia.¿Por qué cree que hay el interés en controlarlos? Nos hemos reunidos con autoridades y reiteradamente nos expresan que no es el interés controlarnos, sino regularnos. Dicen estar abiertos a considerar propuestas, pero seguimos viendo los causales de disolución. Al menos en el discurso hay apertura. Para no empantanarnos hemos propuesto una normativa conjunta, puede ser una ley, que tenga cuatro principios: la coherencia con la naturaleza de las organizaciones, el fomento de la rendición de cuentas y la transparencia, el respeto a la Constitución y el deber del Estado de proteger a la sociedad y fomentar su desarrollo.

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