Por una denuncia presentada en julio pasado por el asambleísta Andrés Páez (ID), sobre un posible perjurio cometido por el ministro de Agricultura, Ramón Espinel, la Contraloría realizó un examen especial que está en su última fase.

Espinel, quien llegó al Magap en julio del 2009, omitió en su declaración patrimonial deudas con bancos en manos del Estado, lo cual, según la Ley de Servicio Público (antes Loscca), lo inhabilita para el puesto.

Además el Ministro aparecía hasta ayer en dos listados de juicios de la banca cerrada que están en el sitio web del Banco Central, por Finagro.

Quienes adeudan a instituciones financieras del Estado, abiertas o cerradas, están inhabilitados para ejercer cargos públicos. Así lo señala la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), vigente desde el 6 de octubre pasado, y lo decía la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Losca); sin embargo, las condiciones en las que el ministro de Agricultura, Ramón Espinel Martínez, llegó al cargo hace un año y cinco meses, reflejaban un conflicto con tales normas, y según procesos en curso, el escenario prevalece.

Publicidad

Espinel asumió esa función el 15 de julio del 2009, teniendo deudas vencidas con dos entidades en manos del Estado: Filanbanco International, off shore en Monserrat, isla en aguas del Mar Caribe (antes Previsora International Bank), y Finagro (Financiera del Agro), la cual quebró en 1999 y pasó a la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Por sus deudas, la designación del ministro ha sido cuestionada en círculos políticos. El día de su posesión, el asambleísta Galo Lara (SP) dijo que el presidente Rafael Correa nombró “a un banquero corrupto”, en alusión a Finagro, entidad de la que Espinel fue su fundador y presidente ejecutivo por doce años, hasta que quebró.

Después, en octubre del 2009, el asambleísta Leonardo Viteri (PSC), con un oficio a la Superintendencia de Bancos (SB), pidió certificar si Espinel consta en la Central de Riesgo y su calificación, a la vez que solicitó al Ministerio de Relaciones Laborales contestar si un ciudadano registrado en la SB con calificación E (deudas de difícil cobro) puede ejercer cargo público.

El 9 de noviembre del 2009, la Dirección de Documentación y Archivo del Ministerio de Relaciones Laborales contestó que están impedidas las personas inmersas “en los causales descritos”, al citar los artículos 6 y 9 de la Losca que se refieren a la inhabilidad especial por mora con el Gobierno, municipios, consejos provinciales, SRI, Aduana, AGD, Banco Central (BCE), bancos abiertos o cerrados pertenecientes al Estado y otros.

Mientras que la superintendenta Gloria Sabando contestó el 25 de noviembre del 2009 que a esa fecha Espinel constaba en la central con calificación A por el Banco de Guayaquil y con E por los bancos Pichincha y Filanbanco International Bank.

Posteriormente, esos oficios y la declaración patrimonial que presentó Espinel para su posesión, elevada a escritura pública el 19 de agosto del 2009, sirvieron para que el legislador Andrés Páez (ID) presente una denuncia el 5 de julio del 2010 a la Contraloría General del Estado, advirtiendo que el ministro habría cometido perjurio, ya que en su declaración detalló sus activos, pero omitió sus deudas.

En su denuncia, el legislador adjuntó el reporte de un buró de crédito donde constan  las deudas de Espinel, entre ellas con Previsora International Bank, por $ 66.084,41 (corte a agosto del 2009), y además aparece Finagro, con $ 105.590,90 (a junio del 2009) y calificación E. De esta última no reportó Sabando en su oficio a Viteri.

Publicidad

Pero en listados de juicios de la Dirección de Recuperación y Liquidación del BCE sí aparece. Aunque el BCE no detalla las causas, Espinel figura con un proceso coactivo (Nº 11432) por Finagro, en etapa procesal desde noviembre del 2009 y una cuantía inicial de $ 108.171,21. Además está otro (Nº 269-2009) por peculado, en Los Ríos.

Ambos datos, hasta el cierre de esta edición (ayer), constan en el link Juicios de la Banca Cerrada del sitio web del BCE (www.bce.fin.ec), los cuales esa entidad recibió a fines del 2009, de la AGD (que liquidó), por resolución de la Junta Bancaria, para seguir con el cobro de deudas. Este Diario buscó una entrevista con el Ministro, pero en el Departamento de Comunicación del Magap se indicó que “está complicado de tiempo”. Sin embargo, remitió documentos: uno del BCE, con fecha 20 de julio del 2010, que señala que Espinel “a la presente fecha no registra obligaciones pendientes en la cuenta cartera de créditos”. Y otro del Ministerio de Relaciones Laborales, del 22 de julio pasado, que certifica que él “no consta registrado con impedimento legal para el desempeño del puesto público”.

El caso de peculado contra el Ministro tiene como antecedente una denuncia que en enero del 2005 Carlos Arboleda, gerente de la AGD en el gobierno de Lucio Gutiérrez, presentó ante la Unidad Especial de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, sobre irregularidades en operaciones crediticias de Finagro, entre 1989 y 1997, que beneficiaron a empresas de los grupos Hidalgo y Jambelí, por unos $ 14 millones.

Según Arboleda, los propietarios y mayores accionistas de esas empresas tenían relaciones familiares y de negocios con administradores de Finagro y se dieron créditos vinculados. El caso estuvo en indagación previa (Nº 001-05-MC) en la Fiscalía de Pichincha hasta abril del 2009, cuando se dispuso el traslado de las 5.197 fojas (51 cuerpos) a Los Ríos, tras argumentar que las operaciones se dieron en Babahoyo, sede de Finagro.

Del caso se hizo cargo el fiscal Manuel Espinoza, en Ventanas, quien según conoció este Diario, hizo varios llamamientos para que los implicados, entre ellos el Ministro, comparezcan.

“Mi versión libre y voluntaria de los hechos constan dentro de la indagación Nº 001-05-MC (...) versión que la rendí en Guayaquil hace aproximadamente tres o cuatro años”, contestó Espinel por escrito, a través de su abogado, Jacinto Velázquez Herrera, quien pidió que se archive el expediente porque la indagación no puede seguir por más de un año, según el art. 215 del Código de Procedimiento Penal.

Desde agosto del 2010, los hoy 53 cuerpos del proceso están en manos del fiscal de Babahoyo, José Layedra, quien en septiembre pasado dispuso ejecutar una experticia contable financiera de los créditos de Finagro. El informe se prevé para enero.

Espinel, a quien Correa elogió por tener “el mejor currículum agrícola del país”, llegó al Magap con el discurso de emprender una política bananera distinta y una reforma agraria. Pero hasta en el sitio web de Radio Pública (www.radiopublica.ec), él constaba, hasta ayer, en una lista de deudores mayores de $ 100 mil de la banca cerrada, adjunta a un reportaje sobre el tema.