Emelec, aún sin reponerse del golpe de ver celebrar a Liga de Quito una vuelta olímpica en su estadio, tuvo otro golpe. Ayer el estadio Capwell recibió el aviso de un posible embargo por la deuda que el club azul mantiene con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por el alquiler del complejo de Los Samanes.
Un perito solicitado por Issfa, Leonardo Echeverría Fabre, acompañado por 20 militares realizaron una valoración de las instalaciones de la sede.
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Echeverría ingresó al escenario con los militares, quienes tomaron fotografías y videos del interior y exterior del complejo. “Estoy valorando el estadio, a fin de que el juez de coactiva proceda a lo que tiene que hacer”, expresó García, refiriéndose a la supuesta orden de embargo que habría sido emitida el pasado 18 de octubre.
En el lugar se encontraba Marcelo Luna, miembro de la comisión de fútbol eléctrica, quien no habló del tema.
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Rafael Candell, abogado defensor de Emelec, aseguró que el peritaje es parte del proceso que se sigue en el Juzgado Primero de Inquilinato, luego de que el “Issfa nos presentó una demanda por desahucio el mes anterior (noviembre) que consideramos es ilegal porque la Ley de Finanzas establece que el canon mensual de arrendamiento puede aumentar todos los años 12%, cuando el aumento (que hicieron desde el 2001) fue del 30%”.
Sobre el anuncio de Echeverría de que “este estadio está embargado desde el 18 de octubre” pasado por una orden legal, Candell aclaró que “eso no es verdad, no existe embargo” y aseguró que “las partes hablan según sus intereses y Echeverría no debería hacerlo, porque es solo un perito”.
El jurista argumentó que un supuesto embargo al Capwell no procedería porque “el estadio no es propiedad de Emelec, porque el 80% es de los dueños de suites y palcos; es decir, es una propiedad horizontal porque tiene varios propietarios”.
“Hay pocas áreas que pertenecen a Emelec, por ejemplo, la cancha, ¿qué van a embargar la cancha?”, reclamó Candell.
La deuda de Emelec al Issfa, según Echeverría, sería de unos $ 500.000; pero el club insiste en que es menos, $ 280.000, y que una impugnación evita cualquier embargo.