Minería, arriesgado trabajo que no paga lo que pesa

¡Esta piedra tiene oro! Repiten las mujeres de San Antonio, del cantón Chiquintad, Azuay, mientras intentan conservar el equilibrio en la cima de un cerro de rocas, donde escarban entre los residuos de la mina artesanal Las Palmas, con la intención de lograr de dos a tres gramos de oro por semana y cambiarlo por $ 23, cada uno.

Ellas no pertenecen a ninguna asociación de aquellas en las que se organizan los trabajadores, pero viven en las cercanías de los yacimientos y conocen la realidad minera de esta provincia con 298 concesiones. Por eso, por las historias de accidentes que escuchan sobre el trabajo bajo tierra, ellas se sienten seguras entre resbalones y caídas en busca de rocas que aparentemente tengan oro, para luego procesar y vender las pequeñas cantidades del mineral que extraen, lo cual representa su única fuente de ingresos.

María, de 48 años, quien prefiere mantener su apellido en reserva por temor a represalias, comenta que hace dos meses su sobrino, de 20 años, perdió parte del dedo índice de la mano izquierda durante las labores mineras en un yacimiento cercano, pero después del accidente la mina dejó de funcionar, sin indemnizarlo.

Ella asegura que insistirá para que los dueños de la mina le “reconozcan algo”, aunque sabe que la retribución económica “no será mucha”, pues de los casos anteriores que ha escuchado, las empresas suelen entregar, a quienes sufren accidentes, entre $ 50 y $ 100.

Junto a las otras escarbadoras, concuerda en que el verdadero problema viene después del accidente, porque al no estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no tienen derecho a ninguna liquidación que les permita mantener a su familia mientras se recuperan, si es el caso, y encuentran otro trabajo.

Ecuador cuenta con 1.138 concesiones mineras distribuidas en las siete principales provincias mineras: Azuay, El Oro, Zamora, Loja, Morona Santiago, Chimborazo y Cañar, sin contar otras provincias de baja actividad. Los moradores de las zonas auríferas de estas provincias aseguran no encontrar otras fuentes de ingreso económico.

En un recorrido por Zamora, Azuay y El Oro, este Diario constató los tipos de minería, riesgos del trabajo y controles ejecutados para minimizar las probabilidades de accidentes en una profesión donde la muerte no toma por sorpresa a nadie.

Casi el 90% de la minería que se practica en Ecuador es de tipo artesanal o de sustento, según las autoridades de cada localidad. Esta modalidad, como expone el artículo 134 de la Ley Minera, es “aquella que se efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo (...) y que se caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización en general solo permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza y que no hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta remuneraciones básicas unificadas ($ 36.000)”.

El mismo artículo especifica que: “En caso de producirse la asociación de tres o más mineros artesanales su inversión será de trescientas remuneraciones básicas unificadas ($ 72.000) y previo informe técnico, económico, social y ambiental de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom)”.

Jorge Eduardo Calves, subsecretario de Minas de Zamora Chinchipe, explica que la pequeña minería acepta hasta 5.000 hectáreas de extensión y 100.000 toneladas diarias de producción. Pero, para llegar a la etapa de producción o explotación, como también se la conoce, un yacimiento atraviesa por dos fases previas: exploración y exploración avanzada, en las que se debe analizar si el lugar contiene minerales y si su explotación es rentable. Después de estas etapas, en la cuales se invierten entre $ 10 y $ 50 millones, los concesionarios deben decidir si quieren pasar a la fase de exploración o deben devolverla al Estado.

“Antes de la Ley Minera no conocíamos casi nada sobre nuestros recursos naturales. Ahora los concesionarios están obligados a dar la información después de cada fase, y eso facilita el control”, dice Calves, al referirse al cuerpo legal aprobado el 12 de enero pasado.

En Zamora Chinchipe, donde el 90% de la minería es subterránea y el resto a cielo abierto, por ejemplo, de las 240 concesiones activas, todas identificadas como minería de sustento, 36 están en fase de explotación, pero solo 26 están extrayendo minerales, pues en las demás no hay actividades por falta de inversión, presume el Subsecretario de Minas de la provincia.

Walter Ochoa, director de Arcom Zamora, explica que por la geografía de la provincia, los sectores de mayor riesgo para los trabajadores son: Nambija y Chinapinza, porque en esas zonas los mineros ilegales abrieron vetas sin estudios técnicos, convirtiendo la montaña en una especie de casa de termitas.

Nambija es una montaña agujerada al norte de Zamora. Desde otra colina se observa un caserío irregular, con construcciones de caña apiñadas una al lado de la otra. En medio, sobre o al costado de cada vivienda hay un hoyo, nada más. Por ahí los mineros empíricos inician la aventura subterránea para una práctica denominada “de subsistencia”, donde precisamente lo menos seguro es sobrevivir.

Vicente González, técnico e inspector de la Arcom, explica que hace diez años recién se logró regularizar el sector, dividiéndolo en Condominio Norte y Condominio Sur; sin embargo, esto no ha detenido los conflictos, pues la mayoría trabaja de forma independiente o en pequeños grupos, perforando la montaña sin ninguna planificación y haciendo cada vez más vulnerable el terreno.

El director de la Arcom relata que, según un informe presentado el mes pasado sobre las condiciones geográficas de las minas de la provincia, el sector de mayor riesgo es El Tierrero, donde las rocas se han debilitado por las explotaciones ilegales anteriores. Además de la zona de El Salón del Pueblo, denominada así porque en la década del ochenta estaba abierta para que cualquiera explote sin ningún control, y donde en 1993 se produjo un deslizamiento en el cual murieron 400 personas. El hecho también se registra en el informe de Gestión, del segundo trimestre de este año, del Ministerio encargado, pero ahí tampoco se expone si hubo sanciones o indemnizaciones para los implicados.

Actualmente está prohibida la explotación en El Salón del Pueblo, y los trabajadores de la zona fueron identificados en el censo de minería artesanal para ser regularizados. Pero, pese a la vulnerabilidad del sector, la provincia cuenta con tres inspectores que deben realizar recorridos planificados y responder a las denuncias presentadas, cuando, según Ochoa, lo adecuado sería un mínimo de ocho. El funcionario considera que se necesita más personal para destinar un técnico fijo en los sectores más problemáticos.

En Portovelo, El Oro, la mina Casa Negra, donde hace casi dos meses murieron cuatro trabajadores tras quedar atrapados a 100 metros de profundidad, tras un deslizamiento de roca que bloqueó la salida, en ese momento se encontraba sin operar, según Jorge González, jefe de guardias del lugar. Los trabajadores de los yacimientos vecinos dicen no haber conocido a los ahora fallecidos, pero aseguran que el accidente no representó una sorpresa, pues, según su experiencia, en las empresas realizan grandes perforaciones que debilitan la roca.

Gonzalo Quezada, coordinador general de la Arcom Machala, explica que el equipo de inspección está formado por cuatro técnicos, que no se abastecen para las 201 concesiones mineras que hay en la provincia.

Además, refiere que los principales peligros que enfrenta El Oro son derrumbes, infiltraciones de agua, mala aplicación de sostenimiento o fortificación de labores mineras y la falta de cultura de seguridad. “La gente es reacia a usar su equipo de protección personal”, añade.

Sobre las medidas de vigilancia y las sanciones que las autoridades ministeriales están tomando después del accidente en El Oro, este Diario solicitó una entrevista con Luis Bustamante, viceministro de Minas, pero no hubo pronunciamiento.

Mientras, la informalidad de la mina Sociedad Reina del Cisne II, en El Oro, donde no cuentan con ninguna medida de seguridad sugerida por las autoridades, contrasta con los procedimientos antes del ingreso a los yacimientos de la Sociedad Minera Liga de Oro, en el cantón Ponce Enríquez, de Azuay.

Ellos cuentan con un mapa general del yacimiento, donde se identifican los cinco niveles de la mina, todos conectados a través de conductos que sirven como rutas de escape ante posibles accidentes, y como ductos de ventilación. Incluso, estos corredores están unidos con terrenos de otras empresas, para que, en caso de necesitarlo, los trabajadores puedan escapar.

Tienen manuales de procedimiento para cada labor minera. Pero, la norma general, incluso para los visitantes, incluye el uso de botas, casco con linterna adherida, guantes, máscara con filtro para gases y protectores de oídos para quienes ingresen a este yacimiento de 700 metros de profundidad y 3 kilómetros de largo, con instalaciones especiales de ventilación e incluso comedores y baños especiales.

Marcelo Apolo, jefe del Departamento de Seguridad de esta mina de 575 trabajadores, explica que ellos creen en una minería a baja escala que no afecte el medio ambiente y proteja a los trabajadores de accidentes.

El censo de minería artesanal, impulsado por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, registró 1.349 labores ilegales, con 6.325 trabajadores, a quienes el Ministerio otorgará permisos por diez años para trabajar de forma artesanal, una iniciativa en la cual las autoridades han colocado su esperanza de reducir los cientos de accidentes casi nunca reportados.

1.237
Labores mineras
Reportó el Censo de Minería Artesanal ejecutado entre marzo y abril pasados. Este registró las actividades ilegales que se llevaban a cabo en todas las provincias del país.

541
Explotaciones
El Oro es la provincia con mayores reportes de actividades mineras ilegales, seguida por Zamora Chinchipe, con 249, y Azuay, con 178, según el Censo de Minería Artesanal.

776
Concesiones
En etapa de explotación minera y 666 registrados en el periodo de exploración constaron hasta abril del 2008, últimas cifras oficiales de la Agencia de Regulación y Control Minero.

3
Millones de hectáreas
Están destinadas a las labores mineras en todo el territorio nacional. La cifra exacta hasta abril del 2008, según la Agencia de Regulación y Control Minero, es 3’956.408.