'Puertas abiertas' ha dejado a cientos de asiáticos en el país

Cientos de ciudadanos de Bangladesh han ingresado a Ecuador desde el 2008, cuando el Gobierno dejó de pedirles visa a los extranjeros. Llegan engañados por coyotes que les venden la ilusión de ganar entre $ 1.500 y $ 2.000 mensuales.

Las “mafias” les cobran hasta $ 70 mil por traerlos al país.

Desde el 2007 hasta lo que va del año llegaron de ese Estado asiático 723 personas y retornaron 232. El resto sigue aquí, la mayoría porque no tiene dinero para regresar a su país.

Muchos pasan necesidades
Tiene 24 años. Su piel es morena, su cabello lacio, luce unas marcadas ojeras; comenta que sus rasgos son hindúes, y después de un año seis meses de permanecer en Ecuador ya habla algo de español. H.K. (como lo identificamos, pues pidió proteger su identidad) cuenta que dejó a su familia en Bangladesh (en el sur de Asia), su nación de origen, con la ilusión de trabajar aquí y ganar un sueldo mensual que le habían asegurado estaba entre los $ 1.500 y $ 2.000.

Esa fue la promesa que le hizo una mujer a quien no identifica, pero que conoció en su país. Sin embargo, cuando llegó a Guayaquil se percató de que la realidad era otra, que nunca debió dejar su trabajo en una “buena institución bancaria”, donde calcula ganaba cerca de $ 700 cada mes, unas 1.400 takas, la moneda de su país. “Todo fue una mentira”, reniega, y en el poco español que ha aprendido recalca: “Ni para el de aquí hay empleo”.

Con él están M.S. y K.H., de 25 y 34 años. La historia de ellos es parecida. En Bangladesh tenían empleos, ganaban sueldos superiores a los $ 700 y, lo más importante, vivían con sus familias. Pero se dejaron convencer de los conocidos coyotes, que desde el 20 de junio del 2008, cuando el Gobierno de Ecuador decidió retirar la exigencia de visa a extranjeros que llegaban, comenzaron a traficar ciudadanos asiáticos con la promesa de que acá obtendrían empleos con el triple de ingresos de los que tenían en su tierra; o una opción más atractiva para algunos (chinos, en su mayoría): usar al país como puerta de entrada a América y de aquí emigrar a EE.UU.

Según reportes de la Policía de Migración, hasta el 2007 al país ingresaron un promedio de 10 ciudadanos de Bangladesh; con la apertura de fronteras, la cifra subió a 107 en el 2008, 322 en el 2009 y 294 este año. De todos ellos (723) solo han salido 232. El resto está aquí, la mayoría estaría porque no puede volverse a su tierra por falta de dinero.

La Policía informa que la entrada de chinos había crecido. Si en el 2007 llegaban solo 13 por día, desde el 2008 hasta el año pasado, en que no necesitaban visa, venían 80. Temerosos, algunos cuentan que las “mafias” les cobraban hasta $ 70 mil.

“Con la apertura de las fronteras incrementó el ingreso de ciudadanos asiáticos y africanos, la situación de los chinos se controló un poco con la exigencia de visa (desde el año pasado)”, expresa Abraham Cheing, coordinador de la Fiscalía Aeroportuaria de Guayaquil, quien considera que deberían, además, analizarse los antecedentes policiales de las personas y usar sellos con más seguridad para dar la visa, porque “usar uno de caucho y una firma en el pasaporte tampoco es ninguna garantía”.

Por esos ilícitos, en septiembre pasado, el Ministerio del Interior dispuso la exigencia de visa para ingresar a los ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia. Esas naciones se sumaron a China.

Los ciudadanos de Bangladesh que este Diario halló en el suburbio de Guayaquil identifican a Zahirul Hoque Sarker como el responsable de haberlos traído a Guayaquil. Dicen que le pagaron entre $ 10 y $ 15 mil. Una investigación de este Diario reveló que, con ayuda de ecuatorianos, este ciudadano también originario de Bangladesh, según su pasaporte, rentaba departamentos en diferentes sectores de la ciudad, donde mantenía hacinados, sin ninguna comodidad, a sus compatriotas.

Una de las personas que le rentó un departamento cuenta que a su domicilio llegó en noviembre del 2008 un ecuatoriano que le solicitó le alquile a Zahirul Hoque Sarker, que era extranjero, y que dentro de poco llegarían a la ciudad su esposa y sus hijos. Sin embargo, esa familia nunca llegó. Los que sí comenzaron a hospedarse en el lugar fueron hombres de entre 23 y 35 años. A fines de diciembre ya eran más de quince, cuenta.

Ese abuso incomodó a la propietaria del inmueble, que exigió que desocuparan el lugar, porque la ponían en riesgo con las autoridades. La situación se volvió insoportable, dice, pues los inquilinos sentían temor. Ella, quien mantiene su nombre en reserva, también narra que Zahirul Hoque Sarker, a quien conocen como Tuerto, era quien solventaba los gastos de los inmigrantes, pagaba el arriendo y siempre “andaba con mucho dinero en su cartera. Lo sacaba y contaba en la calle. Le decíamos que este barrio era peligroso y que tenga cuidado”, recuerda.

Después de esa casa los inmigrantes fueron llevados a otra cercana y de ahí a varias más. A los cuatro meses, quien era señalado como responsable de cobrar a cada uno entre $ 10 y $ 15 mil los abandonó.

Mónica Rivera, fiscal de Guayas que investigaba estos delitos, sostiene que “se trataría de una estafa migratoria, pero al investigar estos casos se presenta un grave problema, porque hacen los pagos en efectivo y no se puede comprobar si existió delito. No solo podemos basarnos en lo que nos dicen los afectados. Necesitamos evidencias”.

Pese a la exigencia de visas, el tráfico de personas sigue, sostiene Cheing, quien labora permanentemente en el aeropuerto de Guayaquil, y muestra un informe al que ha denominado Conexión de Medio Oriente hacia las Américas. Cuando analiza este tema, dice: “Es preocupante que impostores quieran usar a Ecuador para traficar personas. Los traen de Asia y usan las islas del Caribe para trasladarlos hacia los Estados Unidos.

En un último operativo que se realizó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el mes pasado detuvieron a quince personas de Pakistán, Afganistán, Sri Lanka y Jordania. En ese grupo también hay un haitiano, Fabien Jonax; la Fiscalía sospecha que sea “pasador” (nexo) en la red de tráfico de personas.

Tras las rejas del CDP, en Guayaquil, el haitiano se defiende. Dice que él vive en el Comité del Pueblo en el norte de Quito, junto a su esposa, quien está embarazada, y que al momento de su detención viajaba a su país para visitar a su madre. “No soy mala persona”, comenta y no especifica a qué se dedica aquí.

Cheing sostiene que su sospecha surgió porque el pasado 26 de octubre, cuando los diez ciudadanos afganos y el haitiano se disponían a partir hacia Haití, dos de ellos (el pakistaní Tahir Mahmood y Fabien Jonax) indicaron que el motivo del viaje era “para trabajar en confección de ropa y establecer negocios relacionados con esta actividad”.

“¿Cómo puede ser posible que ellos quieran ir a Haití a trabajar, si ese país atraviesa tremenda crisis, después del terremoto y ahora más, que está colapsado por una epidemia de cólera que ya deja más de 1.300 víctimas mortales?”, sostiene Cheing.

Además, el pakistaní Tahir tenía un travel alert (alerta de viaje), “es por eso que se lo detuvo, pues por esa alerta podría ser un riesgo para los Estados Unidos”, indica el informe de Fiscalía; sin embargo él, desde el CDP, donde tiene un mes detenido, niega esa versión de las autoridades, sostiene que no es terrorista y que su deseo era solo trabajar.

Hasta ese lugar llegan ecuatorianos a llevarles alimentos. Entre ellos, en días pasados, estaba una mujer que dijo querer denunciar el maltrato que reciben en esa cárcel y que las “acusaciones son falsas”; sin embargo, cuando se le preguntó si los afganos y pakistaníes habían sido víctimas de los traficantes de personas, no respondió.

“Hay varias investigaciones que se mantienen en reserva”, dice Rivera, quien reconoce que uno de los centros de operaciones de los coyotes, que no han sido identificados aún, ha sido Quito; aunque no precisó detalles, porque son casos que se mantienen en indagaciones y no se pueden dar nombres.

Mientras eso sucede a nivel de Fiscalía, los ciudadanos de Bangladesh, que exteriorizan que lo único que desean es poder reunir $ 4.000 (que su familia no les puede enviar) para volver a su tierra, han logrado conseguir un certificado de ciudadano refugiado que deben renovar cada tres meses. “No somos malos, no cometemos robo como otros extranjeros, estamos aquí por engaño, pero queremos volver con nuestras familias”, comenta apenado K.H., quien fue de la idea de no dar el rostro en las fotografías realizadas, por una razón: “para que la familia no llore por nosotros y padres no se enfermen allá en Bangladesh”.