La propuesta del salario de la dignidad que está incluida en el Código de la Producción “es un mecanismo artificial de subir el salario básico unificado”, reconoce la ministra de la Producción, Nathalie Cely, y explica que la ley prevé que en tres años ese salario alcance el valor de la canasta familiar.
No cree en la posición paternalista del Estado, a no ser que sean temas temporales y atados a objetivos, por lo que el Código de la Producción “no tiene subsidios sino incentivos”.
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Nathalie Cely, ministra de la Producción, cree que la propuesta del salario de la dignidad, incluida en el Código de la Producción, es un mecanismo artificial de subir el salario básico unificado, pues la ley ya prevé que en tres años ese salario debe alcanzar el valor de la canasta familiar. Pero defiende la filosofía presidencial de que debe crearse la solución intermedia que favorezca a los trabajadores. No cree en la posición paternalista del Estado ni en una sociedad de subsidios, a no ser que sean temas temporales y atados a objetivos, por lo que el Código de la Producción no tiene subsidios, sino incentivos.
¿Se cuestiona la falta de difusión del Código con trabajadores y gremios de la producción?
Con los trabajadores se ha socializado. Obviamente no nos hemos reunido con la misma frecuencia que con el sector empresarial, porque el principal tema del Código relacionado con los trabajadores es el salario digno. Más de 4.000 personas han participado de los diálogos. Hay un gran consenso. Obviamente en el tema del salario digno tanto trabajadores como empresarios no lo miran de manera positiva.
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¿Cómo se calculará el salario digno que plantea el Código?
El salario digno es el que una familia necesita para satisfacer necesidades básicas, las cuales se miden con el costo de la canasta básica. Para el cálculo del salario digno se divide el valor de esa canasta ($ 539,36) para 1,6 perceptores o personas que trabajan por familia. Ese valor en septiembre fue $ 337, cifra que cambia conforme sube el costo de la canasta básica.
Los empresarios dicen que por ley en dos años el salario básico unificado bordeará el costo de la canasta básica. ¿Para qué adelantar eso con el Código?
Es cierto. El promedio del producto bruto no petrolero en los últimos tres años fue de 4,2% y las tasas del último trimestre son alentadoras. El Código está hecho para que el crecimiento vuelva a tasas superiores al 6%. El Presidente dice: “Está bien que en el tiempo alcancemos esto, pero si estamos dando grandes incentivos a la empresa para fomentar su producción creemos una solución intermedia que vaya favoreciendo a los trabajadores”. Coincido en que es una manera artificial de hacerlo, pero que busca una solución intermedia hasta que lleguemos a una definitiva. Es importante aclarar que es un tema transitorio.
Luego de la vigencia del Código, los empleadores que no pagaron el salario digno deberán pagar hasta el 31 de diciembre una compensación más para alcanzar el salario, ¿Cuánto será?
El salario no va a subir de $ 240 a $ 337. Tampoco se mensualizan los décimos tercero y cuarto, sino que al trabajador que no tiene salario digno se le suma los $ 240 de salario mínimo vital con los décimos, las utilidades (ambos divididos para 12) y los fondos de reserva. Como quedará una brecha para llegar a los $ 337, a esa se la multiplica por 12. Por ejemplo si esa brecha es $ 30 por 12, dan $ 360 que será lo que reciba el trabajador solo por un año, como compensación adicional. Si no hay utilidades no hay compensación. Es una solución transitoria hasta que por los incrementos del salario básico lleguemos al salario digno.
¿Se complica el tema salarial?
Sí, es complejizar, pero es bueno para el trabajador.
¿Cuántos trabajadores podrían beneficiarse con esto?
Es un número importante. Estamos haciendo ajustes y será uno de los informes que entregaremos a la Asamblea.
¿Habrá un impacto del salario digno para los empresarios?
Por el lado empresarial hemos tomado cuidado. Si una empresa paga más impuesto mínimo (anticipo del IR) que su utilidad real, no va a pagar compensación adicional.
¿Qué otros incentivos habría?
Hay uno para todas las empresas que es la reducción del 3% del Impuesto a la Renta (IR). Otros incentivos son las formas nuevas de acceder a financiamiento, como constituir un fondo nacional de garantías para facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si bien hemos triplicado los fondos de la banca pública a esos sectores se requiere profundizar más.
Los empresarios dicen que antes que bajar tres puntos al IR sería mejor que no tengan que adelantar ese impuesto.
El comité empresarial tenía tres pedidos: que eliminemos el impuesto mínimo (anticipo del IR), que eliminemos el impuesto a la salida de capitales y no incluyamos nada del salario. Si bien el sector empresarial, en promedio, ha mejorado su carga tributaria, no lo ha hecho lo suficiente para justificar que le quitemos el impuesto mínimo. Lamentablemente se lleva el salario digno a la polémica y no se dice nada de las cosas que hemos acordado...
¿En qué hay acuerdos?
En el cálculo para el anticipo del IR no se considerarán activos nuevos; es decir, aumentos salariales, inversiones en innovación tecnológica.
¿Cómo se aplicará el impuesto a la tierra descontado del IR?
Estamos haciendo varias reformas a la Ley de Equidad Financiera. Por ejemplo, en los sectores forestal y de software no se puede tener anticipo del IR hasta que no se generen ingresos. En el sector de combustible, donde el margen de ganancia lo fija el Gobierno, tenemos una fórmula especial de cálculo. En el caso de las tierras la filosofía es que si se tienen tierras baldías o se está especulando con estas, se penalice porque es un activo que hay que ponerlo a producir. Para la zona de la Amazonía si es un productor agrícola o ganadero tiene más de 60 ha, el impuesto será deducible de su IR.
¿Más que optar por impuestos a las tierras, no sería mejor incentivar la producción?
Tener tierras para que sean fuente especulativa debe traer una sanción enérgica, tiene que tener desestímulos, pues no importa lo que se le diga al especulador, no usará la tierra porque quiere venderla, ganando una utilidad.
¿Bajo qué criterios se expropiarán los bienes muebles e inmuebles que plantea el Código?
Hay absoluto respeto a la propiedad privada. El Código recoge la prohibición constitucional de toda forma de confiscación. No se decretarán confiscaciones a inversiones nacionales o extranjeras. Para aclarar cualquier duda se puso que el Estado podrá decretar, pero excepcionalmente, la expropiación de bienes muebles e inmuebles para ejecutar planes de desarrollo, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo. Para que no haya discrecionalidad en el reglamento se deberá normar con bastante especificidad.
La Cámara Ecuatoriano-Venezolana ha puesto como ejemplo lo que pasó en Venezuela?
Cuando hay desconfianza todo se ve bajo esa lupa. Mucha gente quiso equiparar el modelo de desarrollo que impulsa este Gobierno con otros extranjeros.
Tal vez porque se teme al modelo venezolano...
¿Qué hemos confiscado aquí?
Por ahora tal vez no...
Desde que se elaboraba la Constitución se decía que vamos a tomar una habitación de las casas y la íbamos a entregar a los cubanos. Ese ha sido el nivel de debate en el país.
¿Por qué hoy, tras 4 años de Gobierno, recién hay la propuesta de Código de la Producción?
En los primeros tres años el Gobierno tuvo que poner la casa en orden. Se han tocado todos los intereses: de petroleras, de sindicatos públicos y de empresas que literalmente no tenían trabajadores, pues los tenían todos tercerizados. Si a la empresa privada le dice que no le permitirá la tercerización, si en el 2008 se envía una ley de equidad financiera para evitar la elusión tributaria, no van a estar contentos con el Gobierno... En ese ambiente de tensión es muy difícil generar una relación de trabajo pública-privada. Es el momento de dar un impulso mayor.
¿Los programas de crédito preferenciales que prevé el Código a través de la banca pública no implican subsidios?
No estamos en la banca pública para ganar plata, sino para generar desarrollo. Mientras recuperemos nuestros costos, podemos dar a los ciudadanos acceso a tasas preferenciales.
Perfil: Nathalie Cely Suárez
Edad
44 años
Profesión
Economista, Diplomado en Políticas Públicas y Sociales, Máster en Administración Pública.
Cargos
Investigadora Asociada del Centro de Desarrollo Económico en la Universidad de Harvard, Directora del Programa Bono Solidario, Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Ministra Coordinadora de la Producción desde junio del 2009.