El Presidente de la República dijo ayer que las radios y canales de televisión privados recibieron la orden de no informar a los ciudadanos el jueves 30 de septiembre porque entró en vigencia el estado de excepción.
Aclarar este punto es importante porque la versión del Primer Mandatario se contradice con otras del sector oficial, incluyendo la del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. ¿El Presidente no conoce todavía la opinión sobre este asunto de su principal asesor en materia de Derecho?
El texto del decreto del estado de emergencia, además, no determinó la suspensión de ningún derecho constitucional, como exige la Constitución cuando se pretende limitar cualquier libertad.
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Hasta que no se dé una explicación coherente, por ende, la única conclusión que podemos sacar es que el atropello al derecho de los ciudadanos a conocer diferentes versiones no tuvo ningún sustento legal, y eso implica que los responsables deberán responder por lo que hicieron.
