Sublevación inédita pone en evidencia un frágil sistema

Son los llamados a velar por la seguridad, a vigilar la ciudad, a investigar los delitos, capturar delincuentes, controlar el tráfico de drogas, proteger a funcionarios públicos y autoridades... Suman 42 mil uniformados entre policías, oficiales y la jerarquía de la cúpula.

Este 30 de septiembre, unos 40 mil de ellos protagonizaron un hecho sin precedentes en la historia del país: la tropa y grupos de mandos medios, hombres y mujeres, paralizaron sus actividades y se confrontaron.

El peso de la presencia policial está en varios frentes. No solo a través de sus organismos operativos: los comandos distritales de la Policía del país, sino también con unidades como el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), al igual que el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Además de otras dependencias como la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, Antinarcóticos y Policía Judicial.

De algunos de esos sectores, como los del operativo o control migratorio, los gendarmes abandonaron sus tareas, dejaron de cumplir su rol y convirtieron los cuarteles y otras áreas establecidas para la planificación de la estrategia contra la inseguridad en improvisadas sedes gremiales, para mantenerse unidos en una protesta.

Una lista de reclamos los llevó a dejar a un lado el principio de disciplina, lealtad y obediencia: exigir el derecho a percibir las condecoraciones y bonificaciones de la fuerza pública, que se mantenga el sistema de seguridad social y cesantía, que se mejoren las condiciones laborales en el horario de servicio, entre otros. Una protesta como aquellas en las que siempre han actuado al servicio del poder controlando a otros gremios que se han sentido desatendidos por los diferentes gobiernos, cerrando vías, quemando llantas, arrojando piedras, con una ventaja: el uso de equipos y armamento asignados para dar seguridad.

En la Ley de Servicio Público, aprobada tras el veto presidencial, que llevó a esa insubordinación, señala: “Se prohíbe de manera expresa la entrega de bonos o reconocimientos económicos, por ascensos, a todas las instituciones (...) o estímulos económicos por cumplimiento de años de servicio”.

“También se derogan aquellas que reconocen la entrega de medallas, botones, anillos, canastas navideñas y otros beneficios...”.

La medida de hecho, además, los confrontaba con un Presidente que la calificó de intento de golpe de Estado, de maniobra política y que al final de la jornada dispuso que miembros de las Fuerzas Armadas se enfrentaran a la Policía rebelde para ser rescatado del lugar en el que se había refugiado tras haber confrontado a centenas de manifestantes, haber intentado huir de ellos en helicóptero y haber recibido agresiones.

De los trece muertos, en los enfrentamientos de policías con militares y por delitos; además del caos en ciudades y saqueos, ante la ausencia policial, los insubordinados dicen no sentirse responsables. Aseguraban que esa medida era la “única forma” de hacer escuchar sus reclamos, y culparon a los mandos policiales y al presidente Correa porque “nunca” les dieron apertura para exponer esos problemas.

En respuesta, Correa arremetió contra los insubordinados y desde el jueves hasta ayer, durante el enlace semanal, no se cansó de repetir que los uniformados “no han leído la Ley”.

La labor de la Policía Nacional ha sido cuestionada por falta de efectividad y hay denuncias de corrupción. Un informe de las Naciones Unidas presentado en julio pasado también habla de corrupción al interior de la institución. La crítica del organismo internacional fue cuestionada por el Gobierno y la Fiscalía y en otras ocasiones el Ministerio del Interior ha prometido depuraciones, pero no se concretan sanciones.

En el abrupto discurso que el Presidente dirigió a los sublevados en el Regimiento Quito, como en ocasiones anteriores, reiteró que “la Policía nunca antes estuvo mejor atendida”. El personal de tropa lo desmiente.

“Llegamos a esto porque nuestros derechos han sido mutilados por la Asamblea y el Presidente. Primero nos quitaron el bono por el aniversario de la Policía, antes nos eliminaron la canasta navideña, y así nos van quitando derechos. Trabajamos hasta 18 horas y no se nos reconoce sobretiempo”, dijo el suboficial de un destacamento.

El gendarme asegura que la eliminación de los bonos por ascensos en la carrera policial fue lo que les “colmó la paciencia”.

“No estamos contra el Gobierno, no estamos haciendo rebelión, esta es la única manera de que nos escuchen”, aclaró otro policía mientras obstaculizaba el tráfico vehicular en la av. 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

Las quejas se multiplican entre el personal de tropa, y esa paciencia que dicen haberse agotado se traduce en un descontento que se arrastra desde marzo del 2008 cuando perdieron el bono por el Día de la Policía, que equivalía al valor mensual por el rancho de dos meses, alrededor de $ 160, y una caja de caramelos y un juguete, desde la Navidad del año pasado.

El inspector general de la Policía, Euclides Mantilla, que renunció el viernes, se defiende y afirma que el sueldo policial se duplicó, llegando incluso a cortar la homologación de sueldos, esto hizo que el policía común gane sobre los $ 750. Explica que en los $ 300 que ganaban antes estaban todo lo que son aguinaldos... y que eso se había traducido en el sueldo que se estaba mejorando.

Pero a los reclamos también se suman los descuentos en los roles de pago. Una gendarme dice que de los $ 1.020 de sus ingresos recibe $ 750. De los más de $ 200 faltantes, explica, entre otros, $ 150 son para la cesantía y el seguro, $ 30 para el Club de Clases y Oficiales ubicado en el kilómetro 26 vía a Milagro, $ 6 para el Club Espoli.

También critican la atención que reciben en el hospital de la Policía. “Solo la atención es gratuita, si uno requiere hospitalización, pagamos nosotros”, dice el gendarme de un puesto de la Policía Comunitaria (UPC).

“No hay viáticos para los traslados o los pases, los gastos corren por nuestra cuenta”, reclamaba un policía motorizado.

Las quejas son de policías que laboran en UPC, patrullaje en vehículos, motos y otros servicios. Alrededor de unos 40 consultados por un equipo de ese Diario el día de la sublevación demuestran la precariedad en la que se cumplen las jornadas, que en el caso de las UPC implican más de ocho horas extras que no son pagadas. Aunque Correa ha reiterado que con la Ley de Servicio Público los policías se beneficiarán del pago de horas extras, no obstante en el Art. 115 de dicha ley en la que se indica servidores públicos como los policías “que, por su peculiaridad y particularidades en el ejercicio de su profesión no perciban horas extras o suplementarias, subrogación, encargo u otros beneficios económicos, percibirán por compensación los valores a que hubiere lugar, en base a la resolución que emita el Ministerio de Relaciones Laborales”.

Hay UPC en cuyos espacios estrechos no cabe más. Viejas literas con colchones de esponja desgastados hacen de repisa para cascos y chalecos; en las paredes hay armadores con los uniformes, o repisas repletas de utensilios de cocina o limpieza. Entre los rincones están zapatos y maletas. De las 121 UPC que hay en Guayaquil, 15 están siendo mejoradas por un convenio entre la Policía y la Prefectura del Guayas, mientras que el Gobierno construyó otras 8 en la provincia en el 2008.

“Vivimos como perros. Alguna vez un oficial me dijo: Los policías somos unos perros que debemos arrodillarnos ante ellos. Solo porque venimos de clase baja”, se quejaba el policía de uno de los UPC.

Pero Correa, aunque reconoce que no han llegado a solucionar todos los problemas, insiste en que ha sido su Gobierno el que más se ha preocupado.

Ese aporte se traduce en cifras. Según los datos de la Unidad de Ejecución Especializada del Plan de Seguridad Ciudadana, se han gastado $ 149,8 millones de los $ 320 millones que tiene planificado invertir hasta el 2011; $ 16,9 millones en el 2008, $ 92,1 millones en el 2009 y $ 40,7 millones en el 2010.

Con esa inversión, además de ejecutar el plan de seguridad ciudadana, se asegura que también se está desarrollando la modernización policial. El objetivo, dijo el entonces presidente de la comisión especializada, Carlos Calahorrano, sería poner en práctica el plan de emergencia para la transformación de la institución del orden en una entidad “competente, confiable, eficaz”.