La nueva Ley Orgánica de Educación Superior, que pronto entrará en vigencia, exige para después de cinco años, so pena de perder la titularidad, el grado académico de PHD a los docentes que tienen el cargo de profesor principal.
Muy bueno que se nos obligue a seguir aprendiendo para luego enseñar, pues eso elevará la calidad de estudios del profesor, del estudiante, y el país se beneficiará, dado que un pueblo instruido aprovecha mejor las oportunidades y triunfa.
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Actualmente un masterado cuesta 8 mil dólares en promedio y se lo efectúa en dos años y medio, en tanto que un PHD debe costar no menos de 25 mil dólares y demora un tiempo aproximado de cuatro años.
El problema es que los docentes, en su mayoría, con lo poco que ganamos, no estamos en capacidad de pagar esa cantidad de dinero.
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Por lo tanto, considero que el Estado debería entregar estos PHD sin costo alguno al profesor universitario; así lo determina el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador: “El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos”.
Por otro lado, creo que el Estado ganará muy poco si solo exige a los docentes universitarios que obtengan el grado académico de PHD, y no lo hace con quienes están administrando y que en realidad tienen la responsabilidad histórica de cambiar los destinos del país. Me refiero al Presidente de la República, Vicepresidente de la República, ministros, Procurador, Contralor, gobernadores, alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, jueces, fiscales, defensores del Pueblo, embajadores, asambleístas.
Enrique Chalén,
ingeniero, Guayaquil