Los constructores intentan cambios en la regulación para las obras públicas y por ello se reunieron ayer con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop), Jorge Luis González.

Unos quince miembros de la Cámara de la Construcción de Guayaquil expusieron su necesidad de reglas claras, de reales oportunidades para obtener contratos y que los concursos de construcción sean diferentes a los de consultoría o fiscalización. Al Estado le preocupan los atrasos y sobrecostos que estos causan, de ahí las nuevas normas para que los proyectos se realicen con calidad y dentro de los plazos. Los alcances de esa regulación se trataron ayer para buscar alternativas y no exista perjuicio al Estado ni a la empresa privada, dijo González.

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El decreto ejecutivo Nº 451, emitido el 4 de agosto pasado, estableció nuevas reglas para obras viales, entre ellas que “toda consultoría que se refiera a estudios y diseños definitivos de obras deberán rendir una garantía incondicional, irrevocable y cobro inmediato emitido por un banco o compañía de seguros equivalente al 100% del estudio contratado por un plazo de cinco años, para asegurar que los estudios hayan sido bien realizados una vez contratada la obra”.

González indicó que eso solo refuerza a la ley que establece que “los diseños que se hacen para que salga la construcción de la obra deben tener una responsabilidad de los consultores”. Y no cree que eso reste el interés de realizar los estudios. “Si es que el Estado al contratar el diseño de la consultoría realiza todas las inversiones para que el diseño sea bueno no debería preocupar a un consultor serio el hacer una buena oferta y participar”.