Algunos notarios mencionados en el informe de la Contraloría, que determinó responsabilidades penales por “alteración” de documentos, cuestionan las conclusiones de esa auditoría.
El examen se inició a raíz de la red de corrupción que denunció la Secretaría Nacional de Transparencia en la nacionalización de decenas de cubanos, en la que se vinculó al ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Xavier Aguiñaga, y a los notarios de Guayaquil: Marcos Díaz Casquete (21) y Julio Olvera (37).
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Los dos están bajo investigación del Consejo de la Judicatura (CJ), que los suspendió.
El defensor de Olvera, Pedro Chichande, descalifica el examen y asegura que no cabe la figura de falsificación de documento que usa la Contraloría. “El notario tiene que receptar lo que dice el declarante; eso no quiere decir que haya falsificado el documento, este es válido. Si la falsedad proviene del declarante, de eso no es responsable el notario”.
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La Contraloría concluye: Se determina indicios de responsabilidad penal por presunta alteración de los certificados de movimientos migratorios, lo que se adecúa a lo prescrito en el Título Cuarto, capítulo tercero del Código Penal, de la falsificación de documentos en general.
El presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, Jorge Machado, explica que la labor de ese funcionario judicial es solemnizar un convenio y que, aunque debe revisar la documentación que recibe del usuario, no está en la potestad de verificar su autenticidad.
Asegura que el notario incurre en una responsabilidad penal con reclusión de hasta 12 años, si no exige que el usuario comparezca ante él o no recepta la firma de este.
Señala que si la persona falsea en su pronunciamiento comete un delito prejudicial en el que un juez civil –no penal– determina si hubo falsedad. “En casos de la falsedad instrumental, primero un juez de lo civil tiene que declarar que el documento es falso y anular el acto”.
Además de Olvera y Díaz, en el informe se menciona a los notarios Renato Estévez Sañudo (29), Norma Thompson Barahona (28) y Rodolfo Pérez Pimentel (16). Este último aclara que su referencia es a propósito de un certificado de movimiento migratorio. Y precisa que en su despacho no se tramitan uniones de hecho.
Caso cubanos
Para el lunes 13 de septiembre, a las 09:00, está prevista la audiencia en la que la fiscal de la Unidad de Migración del Guayas, Mónica Rivera, presentará su dictamen contra las 74 personas que investigó durante la instrucción fiscal por la existencia de una presunta red de corrupción en la nacionalización ecuatoriana de varios cubanos. Será en el Juzgado Cuarto de lo Penal.