Gustavo Jalkh Roben: «Nuestra meta sobre secuestro express debe ser ponerlo en cero»

El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, dice no estar satisfecho con las cifras de delitos en ciudades como Guayaquil, donde homicidios han pasado de nueve semanales en el 2009 a doce entre enero y julio de este año, según los registros de la Espol; y las violaciones han aumentado de trece a quince. Los secuestros express, según tal registro, han bajado de cinco a cuatro por semana, en los mismos periodos.

Considera que hay que eliminar el secuestro express y reconoce que delitos como la usura, el lavado de activos, los mercados internos de droga son fuentes de violencia social que tienen que ver con carteles que operan en los países vecinos.

¿Cómo define las condiciones de inseguridad en las que viven los ciudadanos del país, de ciudades como Guayaquil?
Frente a la presencia de nuevas modalidades delincuenciales asociadas con la usura, el lavado de activos, los mercados internos de venta al por menor de droga y los sacapintas, la operatividad policial ha crecido rotundamente. Estas modalidades son fuente de violencia social, de homicidios y atentan contra la seguridad ciudadana. A inicios del 2010 hubo un incremento de homicidios. En esta parte del año ya constatamos un decrecimiento.

Uno de sus objetivos era luchar contra la impunidad en los homicidios, asegurando la presencia de los imputados en los procesos judiciales ¿Esa intención se concretó? ¿Hay resultados?
Se ha establecido una metodología que se denomina ‘en tiempo real’. El policía no tiene que hacer un oficio al director provincial de la Policía Judicial para que este envíe otro al fiscal, quien a su vez designa al fiscal encargado del caso. Ahora está definido qué policía judicial trabaja con qué fiscal.

¿Dónde funciona esa modalidad y para qué sirve?
Empezamos hace tres meses en Guayaquil. Cuando el policía necesita tomar declaraciones de testigos, en vez de esperar días hasta que le den la delegación, toma contacto telefónico con el fiscal para que sus acciones se judicialicen. Se dispuso que la metodología se implemente a nivel nacional.

Más allá de las cifras hay una especialización de la delincuencia en ciertos delitos. ¿Qué está pasando en el país?
No hay que olvidar que Ecuador es libre de cultivos de droga, pero está en la mitad de dos países con gran cantidad de esos cultivos. Una presión, por lo tanto, de penetración del tráfico de drogas. La violencia tiene que ver con esos carteles que el Ecuador es efectivo en desarticular, pero también hay el riesgo de (constituir) pequeños mercados internos. Pero es de justicia reconocer que hay resultados en otras modalidades delincuenciales. Por ejemplo, en Guayaquil se ha disminuido casi en el 30% el asalto a locales comerciales. Ha bajado el robo a domicilios. Sin embargo, en homicidios todavía tenemos que hacer esfuerzos.

Pero ese indicador crece. ¿Cómo evalúa usted eso?
Aún tenemos un incremento del 4% en relación al año pasado. Pero en las últimas semanas hay un decrecimiento que se debe sostener... Hay que enfocar la problemática integralmente. La Policía esta haciendo un trabajo creo que valorado por la sociedad. En prevención hay una política que incluye a varias instituciones: alcaldes, gobernadores, justicia, que también tienen que hacer su trabajo.

En el 2008, en la isla Trinitaria se anunció la creación de 800 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) hasta el 2009, de las cuales 100 estarían en ese barrio. Pero hasta junio pasado solo había las 4 ya existentes.
El tema de la policía comunitaria tenía que revisarse desde una perspectiva más integral.

¿Fue un error esa estrategia?
Incluso numérico, porque hay que hacer un estudio de cuántas UPC requiere un cantón y dónde deben estar ubicadas.

¿Eso no se ha hecho todavía?
Lo hemos hecho y estamos validando situaciones adicionales con los comandos provinciales para incluso derrocar algunas UPC que tal vez se construyeron sin el criterio, a veces porque el terreno estaba disponible, mas no porque sea el lugar adecuado. En otras ocasiones la construcción era de algún municipio, por lo que no se las podía remodelar. En este año remodelaremos 150 UPC y construiremos 40 más.

Subsisten problemas como la falta de policías en las UPC y los pocos que hay deben patrullar.
Eso es correcto. A la policía comunitaria se la había dejado como la última rueda del coche... He firmado un acuerdo ministerial creando la Dirección Nacional de Policía Comunitaria. Al menos el 50% de la capacitación será para esta área. Además se duplicarán sus 7.000 miembros. El general a cargo deberá hacer una planificación para que a ninguna UPC le falte personal.

¿En qué plazo aspira a lograr esta meta?
Al menos en un año.

A inicios de año anunció evaluaciones semestrales a los comandantes. ¿Cuáles son los resultados? ¿Le satisfacen?
Varios comandantes han hecho un excelente trabajo y han alcanzado las metas. En otros se ve estrategia en condiciones muy difíciles y aún no alcanzan las metas. En otros hemos tenido que recomendar cambio.

¿Cuáles son las comandancias más débiles?
Por ejemplo, las provincias de Bolívar o Loja. Se constató que no se hacían todos los esfuerzos. Pero tenemos ejemplos positivos como en Cotopaxi o el comandante de Guayas, donde aún existen problemas pero hay un gran trabajo, donde se dan homicidios pero tenemos resultados en otras modalidades. No es que se felicita y todo está bien. Se renuevan los compromisos, se ven esfuerzo, estrategias y dificultades. Si en el futuro no se afianzan los resultados, también habrá que proceder con los relevos.

Pero en provincias grandes como Guayas son cotidianos el sicariato y el secuestro express.
No estoy diciendo que todo esté bien. En seguridad ciudadana no hay cómo bajar los brazos. Se debe constatar que en ciertas modalidades delincuenciales alguno de los comandantes ha acertado.

¿Qué conclusión arroja el sistema de evaluación respecto de los secuestros express y violaciones en Guayaquil?
Depende de la provincia. El secuestro express es un fenómeno que existe casi solo en Guayaquil. Ahí hay que tener un antídoto específico. Hoy está en tendencia a disminuir. Incluso a los homicidios ninguna sociedad los puede poner en cero, pero nuestra meta sobre el secuestro express debe ser ponerlo en cero.

Un argumento de la Policía y la Fiscalía para justificar que no se investigan muchos asesinatos es la falta de denuncia. ¿Cómo puede una investigación depender solo de la denuncia?
La falta de acusación o denuncia complica el avance de los procesos, pero no impide. Mi posición ha sido que jamás debemos echarle la culpa al ciudadano que no denuncia para avanzar en las investigaciones. Quien tiene la responsabilidad de investigar de oficio es la Fiscalía.

Hay prueba material que se puede investigar. ¿No hay una debilidad en inteligencia?
Esa es un área que había que fortalecer y se lo ha hecho. También era importante que mejoren los niveles de coordinación con la Fiscalía, porque la inteligencia policial por sí sola no puede judicializar. Estamos trabajando con las unidades de inteligencia con más énfasis en bandas: de homicidios, de sicariato, de usura y de robo a locales comerciales.

Los fiscales se quejan de que se cometen fallas en la elaboración de partes policiales. ¿Qué se ha hecho al respecto?
Ese es un tema importante. La Policía entró en un proceso riguroso de evaluación, de rendición de cuentas. Parte de esa transformación significa el mejoramiento de las escuelas, ahora es más difícil entrar a la Policía. En lo que no vamos a desmayar es en depurar, sacaremos a los malos miembros.

¿Versus cuántas denuncias?
No le sabría decir, pero es un número importante. Nos gustaría que eso ocurra también en instituciones como las de justicia.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la seguridad ciudadana?
Estamos en una situación en la que no nos encontramos satisfechos. Vemos avances importantes, pero no estamos como Colombia, México, Venezuela o Centroamérica.

¿No estamos en una peligrosa transición de un país pacífico a uno como Colombia?
No. Existen gérmenes de nuevas modalidades delincuenciales que nos preocupan. Eso nos podría llevar a esos niveles de violencia, pero estamos a tiempo de tomar medidas.

Perfil: Gustavo Jalkh
Edad
43 años.

Profesión
Doctor en Jurisprudencia, PHD en Derecho Internacional.

Cargos
Director de Projusticia, consultor del BID, coordinador del Programa de Modernización del Sistema Jurídico, ministro de Justicia, ministro del Gobierno desde febrero del 2009.