Preocupada por el posible embargo de su casa y del resto de los bienes que adquirió con su difunto esposo, Ángela Ibarra acudió ayer a la Defensoría del Pueblo, con una notificación del departamento de coactiva de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado (Ecapag) en donde se le detallaba una deuda de $ 179,88 (más intereses) por unas planillas vencidas desde septiembre de 1999 a noviembre del 2000. Ibarra estaba angustiada porque en la actualidad no tenía ningún documento que le certifique la deuda ni un posible pago de ese entonces (hace casi once años) que hiciera su pareja fallecida. “Han pasado más de diez años y recién nos llega este papel (notificación). Y yo no quiero perder mis cosas que tanto esfuerzo nos constaron con mi esposo”, contó antes de ser atendida por un abogado.
Similar nerviosismo experimentó la semana pasada Judith Vergara San Martín, de 57 años, habitante de la ciudadela Sauces 3, a quien le cobraban un título de crédito vencido (de abril de 1999 a noviembre del 2000) por $ 118,24.
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Ella no quería que le embarguen sus bienes ni se los rematen como dice en el escrito que puede suceder si el deudor no se acerca a las oficinas de Ecapag en tres días posteriores a la fecha de notificación.
Sus casos no eran los únicos. Desde la semana pasada varios habitantes de Sauces recibieron la notificación. En la Defensoría del Pueblo receptan entre 4 y 5 quejas diarias por los oficios de juicios de coactiva de Ecapag. Sin contar los reclamos que se generan en las oficinas de coactiva de la empresa fiscalizadora del agua (en los bajos del edificio Las Cámaras), de donde salen unos 1.600 oficios de este tipo al mes.
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Los representantes de Ecapag, como el presidente del directorio, Andrés Mendoza, aseguran que la empresa tiene algunos años cobrando las carteras vencidas que le dejaron anteriores administraciones, amparados en el Código Tributario y en el Código de Procedimiento Civil. Y que a ellos les toca notificar porque la ley los obliga al ser fondos públicos.
No obstante, mencionó que las personas notificadas pueden acudir a la empresa para recibir asesoría legal o realizar convenios de pago.
También se puede acudir a la Defensoría del Pueblo para iniciar una acción legal, donde se pide a Ecapag que se revise su caso porque la deuda prescribió (se extinguió) al pasar los cinco años de mora sin notificación previa, detalló María Rodríguez, abogada de la Defensoría, quien acotó que el trámite lo podría realizar cualquier abogado en libre ejercicio.
Para que la acción prescriba, el usuario debe realizar obligadamente el trámite. Una vez que Ecapag conoce el procedimiento, emite una resolución administrativa.
Carlos Villacreses, abogado de la Defensoría que lleva algunas de estas quejas, expresó que ha tenido resultados favorables para el ciudadano. Incluso, añadió, que en julio pasado, Mendoza y autoridades de Ecapag fueron al llamado que les hizo para buscar soluciones.
Los fondos recaudados por las deudas servirán para la autogestión de Ecapag y para recuperar una cartera vencida de $ 9’260.508,71, que representa a 28.000 usuarios.
Defensoría del Pueblo
Debe llevar la notificación y una copia del escrito, la cédula de identidad también con una copia. Y de ahí, cuando le asignan a un abogado, exponen su caso. Luego le indicarán cómo se desarrolla el proceso.
En Ecapag
Puede ir a las oficinas de coactiva, en los bajos del edificio Las Cámaras (av. Fco. de Orellana y M. Alcívar), de 08:30 a 14:00. Están habilitados los números 1800-003-003 y 113 para celulares.
Daniel Caicedo
AFECTADO
“Nos llegó (la notificación) el 24 de agosto, pero tiene fecha del 18 de febrero del 2009”.