AP
BUENOS AIRES.- El gobierno acusó anoche a los dueños de los dos principales diarios argentinos, Clarín y La Nación, de crímenes de lesa humanidad, al difundir un informe que los culpa de haberse apropiado de la mayor proveedora de papel periódico para la prensa en forma ilegal y mediante amenazas, durante la última dictadura militar.
La acusación aparece publicada en el informe "Papel Prensa, la verdad", con más de 20.000 fojas, dado a conocer ayer en un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández y que fue difundido por cadena nacional.
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El informe acusa a La Nación, Clarín y La Razón de ser cómplices de los jerarcas militares para apropiarse en noviembre de 1976 de forma ilegal de la empresa. La Razón se declaró en quiebra en el 2000.
"Controlar el papel es controlar la información y esto es lo que el Gobierno viene buscando a través de varias herramientas: propaganda oficial, ley de medios, control del acceso a la información, manejo militante de los medios públicos y multiplicación de medios paraoficiales", denunciaron ayer, a su vez, los representantes de ambos diarios.
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Tras la lectura del informe, la presidenta Fernández adelantó que el material será enviado a los organismos competentes para que se adopten las medidas correspondientes.
Una vez determinada la responsabilidad penal, "el Estado está obligado a quedarse con todo el paquete accionario", de Papel Prensa, dijo Rodolfo Yanzón, abogado defensor de víctimas de la represión en juicios por terrorismo de Estado.
El informe se presentó en medio del duro enfrentamiento que mantienen el gobierno y el Grupo Clarín.
Papel Prensa, que abastece a más de 130 clientes en todo el país, pertenecía al banquero David Graiver, vinculado al grupo guerrillero Montoneros, y fue vendida a los tres diarios varios meses después de que el financiero murió en un accidente aéreo.
"La viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y otros familiares actuaron bajo amenaza y no eran libres de proceder como lo hicieron al momento de ceder las acciones a los dos diarios", dijo el abogado Alberto González Arzac, quien abrió la lectura del reporte.
Según González, los familiares de Graiver fueron sometidos a amenazas, apremios ilegales, secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad en lugares clandestinos, interdicción de bienes y torturas.
Sin embargo, La Nación y Clarín sostienen que "nunca, en 27 años de democracia, Papel Prensa recibió ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su origen".
Los dos diarios subrayaron que el momento de la venta los Graiver estaban libres: no fueron secuestrados ni amenazados por la dictadura.
En esos procesos declararon los hermanos Lidia y Osvaldo Papaleo y nunca mencionaron presión alguna por parte de los diarios, puntualizaron ambos medios. Señalaron que, además, Lidia Papaleo afirmó que no participó de las negociaciones, que fueron llevadas a cabo por Juan e Isidoro Graiver, padre y hermano, respectivamente, de David Graiver.
Agregan que los integrantes del grupo Graiver fueron ilegalmente detenidos meses después de la venta de Papel Prensa, pero por imputaciones ajenas a este tema.
"El gobierno argentino busca controlar a los medios independientes del país", advirtió el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro Aguirre, mientras que legisladores socialdemócratas, derechistas, peronistas disidentes y liberales cristianos denunciaron en el Congreso el ataque a la seguridad jurídica y libertad de expresión.