Temor latente con código autonómico

Para el asambleísta Virgilio Hernández (del bloque PAIS), un veto parcial al Código de Ordenamiento Territorial, Administración y Descentralización (Cootad) podría ser la opción para corregir lo que reconoce como “ciertas equivocaciones”.

Por el tono y la forma en que se refiere a esos errores –es decir, sin darles mayor importancia ni énfasis– podría pensarse que son solo temas de forma, pero él mismo sostiene que si hay cuestiones de fondo lo mejor será corregirlas. No cree, sin embargo, que allí deban entrar los reclamos de la Junta de Beneficencia sobre las loterías ni las preocupaciones de los alcaldes por la revocatoria del mandato a nivel seccional.

A diferencia de la propuesta de descentralización planteada en la Constitución de 1998, considera que en la actual Carta Magna, y en el Cootad, la intención es fortalecer al Estado e incluir criterios técnicos, por ejemplo, para la asignación de recursos. Le llama la atención que “ciertos sectores políticos” y “ciertos medios” especulen respecto al veto, cuyo plazo para ser emitido vence en la segunda semana de septiembre.

¿El Cootad le va a dar un nuevo rostro al Ecuador, como se decía, luego de su aprobación en la Asamblea Nacional?
Creo que no caben los discursos grandilocuentes. Es una ley que tiene objetivos precisos y concretos. El primero es establecer un nuevo modelo de descentralización. Antes cada gobierno autónomo solicitaba la competencia que quería. Ahora se busca un modelo que intenta establecer y organizar de mejor forma qué hace cada nivel de gobierno en el territorio. Otro cambio es que este proceso parte de una recuperación del Estado. Todos los anteriores partían de una visión de la descentralización como (una consecuencia del) debilitamiento del Estado. En cambio, con esta ley, la descentralización solo es posible si el Estado recupera sus papeles fundamentales.

¿Cuáles?
Regulación, planificación, redistribución, fortalecimiento y capacidad institucional en todos los niveles...

Para la aprobación se recogieron los planteamientos de todos los sectores involucrados (municipios, prefecturas, juntas parroquiales...). ¿Todos esos planteamientos fueron discutidos también con el Ejecutivo?
Hemos intentado hacer un proceso lo más consensuado posible. No puedo garantizar que todo lo que han planteado la AME (Asociación de Municipalidades), el Concope (Consorcio de Consejos Provinciales) y la Conajupare (Consejo de Juntas Parroquiales) esté colocado, ni tampoco (que la ley) refleja todo lo que el Ejecutivo quiere.

Y usted, en su calidad de Presidente de la Comisión y como miembro del oficialismo, ¿no fue un puente para que los consensos sean ratificados luego por el Ejecutivo?
Obviamente, pero en los temas gruesos. Lo que no se puede es pensar en sustituir el papel de legislación que tiene la Asamblea.

¿Cree que el presidente Rafael Correa vetará parcialmente el Cootad?
Es una posibilidad del Ejecutivo... Pero es bien complicado el papel que algunos sectores políticos y medios de comunicación asumen en ese sentido. Aparecería como que ahora el veto tiene reglas diferentes de lo que ha sido en el pasado… Eso ha estado presente ayer, ahora y siempre. Vuelvo a señalar, me parece complicado el papel que asumen ciertos sectores políticos y ciertos medios de comunicación: como hay veto no hagamos nada, no legislemos…

Nuestra inquietud no va por ese lado, sino por la posibilidad de que con el veto todo el trabajo de consenso y consultas termine creando falsas expectativas que luego no se van a cumplir.
Nosotros hemos buscado recoger los criterios, pero no nos hemos comprometido. Quien toma las decisiones son la mesa (la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos) y la Asamblea Nacional. Lo que han hecho los actores es plantearnos sus propuestas y nosotros hemos buscado procesarlas de la manera más coherente, en un esquema nacional. No es que tenemos compromisos con tal o cual sector.

Ahora bien, la Ley se aprobó con 82 votos. Con ese respaldo la Asamblea podría ratificarse en lo aprobado, dejando de lado el veto del Ejecutivo.
No voy a especular sobre el veto, porque puede ser que vengan cosas absolutamente razonables.

¿Y cuál es su posición personal respecto de esos temas que califica como razonables dentro del posible veto?
Yo mismo voy a pedir que ciertos temas, luego de revisarlos, tienen que vetarse.

¿Cuáles?
Por ejemplo, el artículo que se refiere al gobernador regional, el tema de prefecturas… Un veto parcial puede ayudar a perfeccionar la Ley. Hay cosas que pueden ser mejoradas.

Entre esas cosas que podrían ser mejoradas, ¿incluiría el tema de las loterías?
Es extraño que los asambleístas que tienen preocupación sobre eso se hayan despertado ahora, porque eso ya estuvo en el proyecto que se discutió en el segundo debate. No hubo ni una sola observación. Este tema no fue un error ni un desliz; estuvo presente para el informe de segundo debate desde los primeros borradores de la Comisión.

¿Quienes critican ahora no advirtieron su inconformidad durante el debate o no tuvieron el espacio para hacerlo?
Eso estuvo en el proyecto que se discutió para segundo debate, el 8, 9 y 10 de marzo. Me parece extraño que, por ejemplo, los asambleístas de Madera de Guerrero se hayan despertado ahora. Ese artículo ya fue debatido y no fue observado; no está en el informe de minoría que fue presentado en el pleno. Entonces, a los cinco meses dicen: “Esto nos han puesto”. Además, quisiera decir que esto no es con dedicatoria para nadie. Esto de que es en contra de Guayaquil o en contra de la Junta de Beneficencia es totalmente absurdo.

La asambleísta Paola Pabón, de PAIS, ha dicho que abriendo el espacio para la creación de loterías se quería romper el monopolio de la Junta de Beneficencia.
No podemos legislar algo en contra de alguien. Esta (la posibilidad de que salgan nuevas loterías en distintas jurisdicciones) solo es una forma más para que los gobiernos autónomos puedan tener recursos propios. Además, creo que de ninguna manera se debilita a la Junta de Beneficencia, que tiene una historia construida... Ningún gobierno autónomo tiene esa historia como para poner una lotería al otro día y debilitar todo lo que ha hecho la Junta, que es una institución. Sin embargo, me parece contradictorio que quienes (tradicionalmente) han apelado a las reglas de mercado no las quieran aplicar ahora, cuando sienten que podrían verse afectados ciertos intereses.

¿Y no era necesario poner en la ley algún tipo de control especial? Esto, porque hay sectores que sostienen que los dineros podrían ser manejados por terceros.
Los gobiernos autónomos están sujetos al control (de los organismos del Estado). El momento en que son dineros de un gobierno autónomo son recursos públicos.

¿El Cootad también contempla la posibilidad de que los municipios puedan crear contribuciones, como lo está anunciando el Municipio de Quito con su propuesta de una tasa sobre la venta de las gasolinas súper y extra?
Error. Esta no es una posibilidad para municipios ni consejos provinciales. La creación de contribuciones generales tiene un fin específico y solo lo pueden hacer los gobiernos regionales y los distritos metropolitanos.

La Asociación de Municipalidades (AME) considera que el tema de la revocatoria del mandato que está citado en el Cootad podría romper la institucionalidad a nivel local?
Eso ya está legislado en la Ley de Participación Ciudadana. Mi criterio es que no puede haber requisitos que modifiquen el espíritu de la Constitución. No puedo establecer para los alcaldes un blindaje que no tiene ni siquiera el Presidente de la República.

¿Cree que la evolución de este proyecto, desde las versiones iniciales hasta la que fue aprobada, redujo la injerencia del Ejecutivo en los gobiernos autónomos?
El Código Territorial establece que cada gobierno autónomo tiene rectoría sobre sus competencias exclusivas, y el gobierno central sobre las exclusivas, las privativas y materias estratégicas.

¿Y cuál fue el cambio?
Que solo estaba explícitamente la rectoría del Gobierno Nacional.

Perfil: Virgilio Hernández
Cargo actual
Asambleísta de la bancada de PAIS; es presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización.

Profesión
Doctor en Jurisprudencia de la Universidad Central. Tiene posgrados en las universidades Católica y de Andalucía.

Empleos
Asambleísta Constituyente por PAIS (2007 - 2008), asambleísta por PAIS (2009 - 2013); ingresó a Alianza PAIS con la agrupación Alternativa Democrática.