Lea aquí el documento preliminar sobre Ecuador

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hecho público ayer, confirmó que la crisis del sistema de justicia ecuatoriano, que incluye a jueces, fiscales y Policía, genera impunidad, y revela alrededor de 450 muertes por sicariato y 164 casos de ejecuciones extrajudiciales en el país.

Esta es una de las conclusiones que contiene el informe elaborado por el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, a pedido del gobierno de Rafael Correa.

En 10 días de investigación, Alston visitó tres provincias y se reunió con autoridades judiciales, de la Fiscalía, de la Policía y del Gobierno.

Este es el segundo informe que señala a la Policía como parte de un sistema judicial en crisis, mientras que el de la Comisión de la Verdad hizo responsable a la institución por las eliminaciones extrajudiciales que se dieron en casi 25 años.

Aunque destaca las reformas legales que hizo el régimen en favor de los más desventajados, el informe señala que la inseguridad ciudadana, la tasa de homicidios y la impunidad alcanzaron niveles impresionantes.

Esto obedece, según el informe, a que la Policía no realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios, a que la Fiscalía está más preocupada por las relaciones públicas que por la condena de los autores de crímenes y por un sistema judicial ineficiente y de mala gestión. En todos esos niveles hay denuncias por corrupción, señala.

La tasa de homicidios, según el documento, casi se duplicó en los últimos 20 años: de 10,3 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1990, se incremento al 18,7 en el 2009.

Pese a ello, autoridades de gobierno sostienen que el 1,3% de las muertes denunciadas tienen sentencia condenatoria. Para Alston, esos datos están sobredimensionados, ya que los niveles de sanción y sentencia llegan a menos del 1%.

Los temas más preocupantes, sostiene, son lo que tienen que ver con las muertes por sicariato, así como las causadas por la Policía. En el primer caso, estima que entre el 11 y 14% de homicidios (cerca de 450) son cometidos por sicarios y no han sido resueltos por la Policía y la Fiscalía. En el segundo caso, hay personas asesinadas por la Policía, durante operativos, pero el número de muertos varía. Según el Ministerio de Gobierno son 27 entre el 2000 y 2009; mientras, la Policía dice que son 104 y una ONG, que son 164.

Además, preocupa que el sistema de justicia clasifique al número excesivo de muertos como “ajuste de cuentas”, término que se utiliza para las personas con antecedentes penales, cuyos casos no son investigados en forma seria.

Esto permite, dice Alston, que los fallecimientos por los “malos repartos del botín, disputas entre pandillas por el negocio de la droga, sean encubiertos por la Policía. Como ejemplo, mencionó, la muerte del médico legista, Germán Ramírez Herrera, quien fue asesinado el mismo día en que estaba citado para rendir testimonio en contra de la Policía.

Más datos: Informe
Recomendación
El informe recomendó crear una comisión para evaluar el desempeño de la Policía y proponga reformas para responder al delito.

Conflicto colombiano
Además confirmó que el conflicto colombiano pasó a Ecuador, por lo que los ciudadanos de Sucumbíos y Esmeraldas están sometidos a presiones y abusos de todos lados.

Justicia indígena.
El informe dice que no se encontró prueba fidedigna de que en el Ecuador hayan existido muertes por la aplicación de la justicia indígena.