QUITO
.- El descubrimiento de una presunta red de corrupción encargada de tramitar la nacionalidad ecuatoriana a cientos de cubanos en el Ecuador obligó a la Cancillería a fortalecer los controles para el reconocimiento de este beneficio a los extranjeros que contraigan matrimonio con ecuatorianos.
El canciller Ricardo Patiño dijo que el Gobierno mantendrá el derecho de la libre movilidad humana, que consagra la Constitución, pero admitió la necesidad de "ajustar los procedimientos".
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De allí que para frenar el incremento de irregularidades, la Cancillería exigió que la Policía y el Registro Civil compartan información sobre los documentos del flujo migratorio y la cédula de identidad.
Según el director del Registro Civil, Paulo Rodríguez, esta entidad otorga la identidad con base a los documentos oficiales de las instituciones involucradas en el proceso de naturalización (Policía, Cancillería, Justicia) pero que desconocían que eran falsificados y forjados.
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Rodríguez informó que hasta el momento se ha declarado la caducidad de 153 cédulas de cubanos naturalizados.
El secretario de Transparencia, Juan Roldán, solicitó al Consejo de la Judicatura la destitución de los notarios de Guayaquil: Julio Olvera Espinoza y Marcos Díaz Casquete, y del juez Primero de lo Penal de Chimborazo, Hernán Garcés, involucrados en las irregularidades detectadas en marzo del 2009 en la oficina de Relaciones Exteriores del Litoral, a cargo del entonces subsecretario Xavier Aguiñaga -hermano de la actual ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga-, cuya presunta responsabilidad en dichos actos fue confirmada esta semana por la Secretaría de Transparencia.
La Cancillería retiró la naturalización a más de 200 cubanos tras confirmar que la obtuvieron a través de documentos falsificados, avalados por notarios y funcionarios públicos.
El ex ministro de Gobierno y analista internacional, Mauricio Gándara, manifestó que con las nuevas medidas el régimen pretende "curar sus equivocaciones" en política migratoria.
A su criterio, el incremento de extranjeros en el Ecuador es consecuencia de la libre movilidad humana que defiende el Gobierno.
"Hay que exigir la visa para que el Ecuador no sea un corredor de paso para quienes quieren ir a Estados Unidos", dijo.
Acciones
Declaró lesivos los actos administrativos de declaratoria de naturalización en estos casos.
Suspendió el goce de los derechos inherentes a la calidad de ecuatorianos de aquellos ciudadanos extranjeros que fueron naturalizados con estos actos administrativos.
Inició acciones de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que en sentencia se extingan los actos administrativos de declaratoria de naturalización.
Dispuso a la Dirección General de Documentos de Viaje que se inactiven los pasaportes emitidos a los beneficiarios de las naturalizaciones anuladas, y que se proceda a su retiro.
Notificó a la Policía de Migración para que los pasaportes ilegales sean retirados inmediatamente, dentro o fuera del país.