QUITO
.- Luego de una audiencia de formulación de cargos, el juez de Flagrancia, Juan Carlos Coba, dictó el jueves pasado la orden de prisión preventiva contra 37 de los 39 detenidos involucrados en un caso de supuesta usura denominado Mundial.
Cristian Pérez, jefe de la Unidad de Misceláneos de la Policía Judicial de Pichincha (PJP), señaló que la organización, la cual incluía tres bandas, operaba en la capital cerca de cinco años y era manejada por los colombianos Néstor Jaramillo Serna y su esposa Gilma Molina Barragán, a quien se le dio la medida sustitutiva de presentarse todos los jueves ante el juez de turno, debido a su estado de gestación.
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Los 35 colombianos detenidos presentaron carné de refugiados, e incluso se señaló, se investiga a uno de ellos por poseer antecedentes delictivos.
Según denuncias, estas personas prestaban dinero con altos intereses en barrios como la Lucha de los Pobres, al sur.
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En el allanamiento a seis domicilios en diferentes sectores de la ciudad, la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasados, ubicaron 5 automóviles de lujo y 19 motocicletas, que eran utilizadas en los cobros diarios de los préstamos.
Se determinó que los vehículos fueron pagados al contado y están a nombre de Jaramillo Serna. Más de $ 100 mil sumaría el costo solo de carros.
En cuanto a las motos, Jaramillo Serna dijo a la autoridad que todas le pertenecían porque tiene una distribuidora. Verificados los datos que entregó el detenido ninguno fue real.
El oficial Pérez pidió a quienes han recibido dinero de esta banda no pague más por la deuda, aunque reconoció que hay integrantes de la organización que no han sido aún capturados y que están intimidando a la gente por los cobros.
El jefe de la PJP, coronel Víctor Hugo Cartagena, informó que están tomando contacto con las personas que constan en las tarjetas de cobro. "La idea es tener denuncias que confirmen la tarea delictiva".
Los involucrados quedaron detenidos para investigaciones bajo el cargo de usura, pero el proceso está abierto, expresó Cartagena, por la posible existencia de delitos conexos como lavado de activos, asociación ilícita, extorsión o narcotráfico.